Se abrió un nuevo capítulo en la carrera política de uno de los clanes más antiguos del territorio nacional, esta vez por cuenta del gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, quien en la mañana del jueves fue declarado culpable de orquestar actos de corrupción en las elecciones del año 2011 en algunas invasiones de Valledupar.   

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Monsalvo fue responsabilizado de cometer el delito de corrupción al sufragante en una audiencia virtual de sentido de fallo. El alto tribunal consideró que la Fiscalía Tercera delegada ante la Corte Suprema logró demostrar que el mandatario desarrolló actividades proselitistas en invasiones de la capital para elegirse como gobernador entre el periodo 2012- 2015.

Para demostrar su teoría del caso, el ente acusador presentó varios elementos materiales probatorios entre los que se encuentran evidencias físicas y testimoniales como las declaraciones de Mauricio Pimienta, Martha Figueroa, Orlando Granados y el exalcalde Freddy Socarrás, entre otros.    

Con este último testimonio, según la Fiscalía, se logró evidenciar “que todos en la ciudad sabían que Monsalvo tenía que cumplir con los invasores los compromisos de la campaña”.

Según la investigación, Monsalvo en el 2011 suscribió pactos con los líderes de las invasiones Tierra Prometida, Emmanuel y Guasimales, bajo el supuesto de mantenerlos quietos en esos predios ajenos de propiedad privada una vez fuera elegido gobernador con el apoyo de sus votos.

El acto ‘irregular’ habría quedado al descubierto por un desalojo que se iba a materializar por la municipalidad en el barrio subnormal de Tierra Prometida cuando el procesado era gobernador electo. Ante la inminente acción los habitantes hicieron una marcha en la que exigían a Luis Alberto Monsalvo el cumplimiento del pacto en el que se comprometió a cambio de votos a ‘mantenerlos quietos’ en los predios.

La Fiscalía estableció que seis días después, exactamente el 28 de junio de 2012, Monsalvo Gnecco envió una comunicación al Ministerio de Vivienda en la que solicitó apoyo nacional a un proyecto de vivienda.

“El acusado desnaturalizó la libertad del voto no solo de los líderes firmantes del acuerdo sino el de toda una población, afectándose la autonomía personal de los electores, cuya finalidad corruptora derivó en que a través de esa promesa su propósito fue el de obtener su apoyo”, consideró la administración de justicia en la providencia emitida.

Para la justicia el mandatario de manera consciente actuó aprovechándose de los ciudadanos desprotegidos, algunos víctimas del conflicto armado y en condición de marginalidad.

“Actúo con conciencia de su antijuridicidad, ya que como economista con énfasis en administración de empresas y especialista en evaluación social de proyectos, político con experiencia en contiendas electorales para corporaciones nacionales por la circunscripción electoral del Cesar, sabía perfectamente que, al prometer la dádiva en los términos evaluados, seccionaba la libertad de los sufragantes aptos para votar en las elecciones a la Gobernación del Cesar”, puntualizó el sentido de fallo.

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Es así que el supremo le advirtió al gobernador que en la próxima audiencia mediante un fallo de primera instancia será condenado y que no procederá a su favor una suspensión de la ejecución de la pena.

‘UN PARE A LA COMPRA DE VOTOS’

Para el abogado Evaristo Rafael Rodríguez Felizzola, quien es representante de víctima, la decisión fue un mensaje para los dirigentes políticos acostumbrados a llegar al poder mediante la compra de votos.  

“Ojalá que sirva de ejemplo de que no se puede hacer política de esta manera, vulnerando la libertad de los ciudadanos y la democracia (…) No se puede pretender comprar votos pagándolos con la propiedad privada, pues el señor Alberto Pimienta Cotes y Oscar Guerra Bonilla adquirieron de manera legítima los predios”, acotó Rodríguez Felizzola, apoderado del mayor Alberto Pimienta Cotes.  

Indicó además que con esa actitud el gobernador fue pieza clave para la consolidación de las invasiones en Valledupar.

“HICE LO CORRECTO”

Entre tanto el gobernador, mediante un comunicado, se declaró inocente de los hechos endilgados por la Fiscalía y anunció que será apelada la sentencia que se emitirá en la próxima audiencia del 27 de julio.

 “Soy inocente. Estoy convencido de que hice lo correcto y apelaré la sentencia. Confío en la justicia y cuento con todos los argumentos que le permitirán a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia revocar esa injusta decisión”, dijo.  

El mandatario insiste en que actuó en el marco del derecho y que por eso logró ser electo en el cargo en dos ocasiones por los cesarenses.   

“Tanto en la campaña política de 2011 como en la campaña de 2019 por la que soy nuevamente gobernador del Cesar, he mostrado que mi único interés ha sido trabajar por la gente más vulnerable. Comprometerme con sus necesidades, luchar por aquellos que no tienen una vivienda digna para sus hijos, la consigan evitando así que sean lanzados a la calle sin ninguna otra alternativa, eso no es un delito ni me convierte en delincuente”, aseguró.

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Finalmente puntualizó estar dispuesto a agotar todas las instancias nacionales e internacionales para continuar “con su lucha política por las personas más necesitadas y desprotegidas del departamento”.

¿Y AHORA?

Aunque el gobernador del departamento del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, fue declarado culpable por la Corte Suprema de Justicia por el delito de corrupción al sufragante, por ahora permanecerá en el cargo hasta tanto no se encuentre plenamente ejecutoriada la sentencia.

Lo anterior,  teniendo en cuenta que la audiencia virtual de la mañana de este jueves fue de sentido de fallo, faltando la lectura de este, es decir, la diligencia en la que el alto tribunal dará a conocer los años de inhabilidad que recaerían sobre él.

No obstante, según lo consultado con abogados especialistas en Derecho Penal, a partir de la audiencia de lectura de fallo se pueden presentar varias probabilidades.

El reconocido jurista y columnista de esta casa editorial, Hugo Mendoza Guerra, explicó que si la defensa interpone recurso de apelación la providencia pasaría a ser revisada en segunda instancia por la Sala de Casación Penal compuesta por nueve magistrados, la cual en un proveído podrían confirmar la condena o revocarla.

“Con relación al cargo, hasta tanto no se encuentre ejecutoriada y en firme la sentencia de primera instancia no proceden ni las inhabilitaciones ni mucho menos la convocatoria a unas eventuales elecciones. El gobernador continuará por el momento con todas sus funciones hasta tanto no se encuentre totalmente ejecutoriada o en firme la apelación correspondiente”, manifestó Mendoza.

Agregó además que ese proceso de segunda instancia, dentro de su experiencia en la materia, puede demorar alrededor de unos ocho meses o un año.

Sin embargo, el abogado penalista, asesor y docente, Oscar Sierra Fajardo, manifestó que de ser enviado a prisión el gobernador en la próxima diligencia el Gobierno nacional deberá asignar a uno encargado.

“Ahora bien, respecto a lo que tiene que ver con su cargo como gobernador, es preciso advertir que en su contra no existe ninguna medida cautelar que le impida seguir desempeñándolo hasta tanto no se profiera la respectiva sentencia condenatoria. Lo anterior quiere decir que el próximo 27 de julio, día en el cual se realizará la lectura del fallo, se conocerá acerca de la probable privación de la libertad del gobernador, la cual tendría como consecuencia necesaria la radicación de una solicitud al presidente de la república para que ordene la suspensión de funciones y separación del cargo”, precisó Sierra Fajardo.