Además de la reparación de las víctimas, desminar el territorio colombiano es uno de los principales retos a largo plazo que surgieron de las negociaciones entre el Gobierno y las Farc. Históricamente, los grupos armados ilegales se sirvieron de las minas antipersonal para proteger sus cultivos ilícitos, minando en 25 años cerca de 52 millones de metros cuadrados del suelo colombiano.

La fuerza asesina de las MAP (minas antipersonal) no distinguen entre civiles y soldados, niños o ancianos, mujer u hombre, por eso su uso está prohibido en los conflictos desde 1997. Sin embargo, en Colombia los registros señalan 11.400 víctimas, 7.025 de la Fuerza Pública y 4.433 civiles.

Aunque no está en la lista de los departamentos con mayor cantidad de minas antipersonal (MAP) accionadas, en el Cesar actores como el ELN (134), las Farc (78), los paramilitares (5) y las bandas criminales (180) sembraron el terror en casi todas las zonas rurales.

De los 25 municipios del departamento, 2 de los intervenidos en el programa de Desminado Humanitario que empezó en febrero de este año bajo la dirección del Ministerio del Postconflicto, ya se declararon sin sospecha de contaminación y uno está en intervención: Bosconia, el 4 de abril, y El Copey el pasado 4 de septiembre. Por su lado, Pueblo Bello está en proceso. Los otros 16 municipios con sospechas serán intervenidos en los próximos meses.

“Para nosotros esto es una alegría inmensa, así como una labor importante en la búsqueda de la paz”, aseguró el Secretario de Agricultura departamental, Carlos Eduardo Campo.

Municipios como El paso, Gamarra, Gonzáles y San Diego se declararon libres de sospecha porque nunca reportaron víctimas. A nivel nacional, van 225 municipios liberados de 673 que registraban algún tipo de contaminación.

La Brigada del Ejército de Desminado Humanitario es la encargada de desactivar los artefactos una vez se ha acordado y discutido la colaboración de la comunidad en su papel de guía. Entre 4 y 5 militares conforman la brigada.

El caso de Valledupar

Seis corregimientos de los 25 que conforman la zona rural de Valledupar abarcan el estimado de 38.900 metros cuadrados que se sospecha permanecen contaminados. “De la capital se sabe que en los corregimientos de Atánquez, Chemesquemena, Guatapurí, La Mina, Guaymaral, Mariangola se sospecha que hay artefactos porque en esa zona hubo víctimas del flagelo”, dijo Jaime Campillo Navarro, encargado de la atención de víctimas de MAP en el Cesar.

Con 157, el departamento del Cesar es el decimoséptimo en la lista departamentos con mayor número de afectados. Antioquia y Meta lideran la tabla con 2.542 y 1.136 respectivamente.

La capital del departamento del Cesar guarda el mayor número de víctimas (40) desde 1990, seguida por Pelaya (18) y Pailitas (14); Pueblo Bello, La Jagua de Ibírico (13), Curumaní, Agustín Codazzi (12), Aguachica (9), Chiriguaná (7) y El Copey (6) completan los 10 municipios del Cesar con mayor cantidad de víctimas. “Se solicitó que se le dé continuidad a la agenda programada. La visión es tener todos lo municipio del Cesar declarados libre de minas”, comentó Carlos Campillo.

Las consecuencias de pisar una mina varían según la potencia del artefacto. Su accionar consiste en destruir la integridad humana. En el Cesar, estas explosiones cobraron la vida de 59 personas. “Sobrevivir ya es un milagro, pero te miras y ya no tienes dos extremidades”, aseguró Carlos Campillo. Las ondas explosivas, en casos, producen hemorragias oculares y ruptura del tímpano, destruyendo los sentidos de la vista y el oído.

Clasificación de las víctimas

En el Cesar el género masculino puso 143 víctimas frente a 13 femeninas. La diferencia se debe a que la Fuerza Pública suma 79 afectados, mayoritariamente hombres. El conocimiento de los territorios impide que el número de lesionados de las etnias supere los dos dígitos y se conserve en 7. Entre 2012 y 2017 no se registró ninguna víctima mientras que de enero a julio de 2018 iban dos lesionados.