De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia este tipo de conducta es un acto inmoral.
En total, saldrían de la empresa alrededor de 7 jefes de áreas, quienes serían reemplazados por funcionarios de la Superintendencia de Servicios Públicos.
Desde la empresa aseguraron que el proceso afectó a 98 trabajadores, “que es el 18 % del total de la empresa, de los cuales 35 hicieron acuerdos de salida voluntaria, a 45 se les suspendió el contrato temporalmente y se despidieron 18 personas.
Las enfermeras de la ESE indicaron que los despidos fueron injustificados, mientras que la gerencia manifiesta que fue por bajo rendimiento laboral.
La etapa de arreglo directo entre el sindicato y la compañía minera va hasta el 17 de junio. Hasta ahora hay un clima de tranquilidad y cordialidad.
Una intervención de la Contraloría en la Terminal de Transportes, pidió el presidente de la Federación de Servidores Públicos, regional Caribe.
Muchos de los funcionarios que quedaron sin contrato, llevaban más de una década prestando sus servicios a la Defensoría del Pueblo.
