El lunes en horas de la mañana, la Secretaría de Gobierno Municipal de Valledupar ordenó que se desmontara el puesto de control indígena que está ubicado en la vía que conduce al corregimiento La Mina, debido a que dicho retén, que es administrado por la guardia indígena del resguardo kankuamo de ese territorio, estaría dentro de los límites territoriales del corregimiento de Patillal y vulneraría el derecho a la libre locomoción porque impide el tránsito por una vía nacional. 

Así lo dio a conocer el jurista Evelio Daza, representante de la comunidad de Patillal, quien estuvo presente en una reunión que se llevó a cabo en dicho corregimiento con el delegado del viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos, Carlos Baena López, el secretario de Gobierno Municipal, Luis Galvis, miembros de la comunidad de Atánquez, Chemesquemena y de la etnia kankuama. 

De acuerdo con Daza, en el encuentro se abordaron las dificultades que atraviesan las comunidades de los corregimientos para transitar por la vía porque el puesto de control les exige pagar un peaje que está entre los $5.000 y $8.000, un requerimiento ilegal debido a que solo el Gobierno nacional puede cobrar impuestos en las vías del país.

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Así mismo, la comunidad de Patillal explicó que el retén, llamado ‘Espacio de Regulación y Armonización Territorial’, al no estar dentro del espacio geográfico del resguardo está vulnerando la soberanía territorial de Patillal sin ningún tipo de autorización. 

En ese sentido, aseguraron que el resguardo de dicho territorio excedió su personería jurídica al instalar el puesto de control. Por los motivos anteriormente expuestos, en la reunión se concluyó que se debía levantar el portón lo más pronto posible para dar por terminado el conflicto entre las comunidades de dichos corregimientos. 

“Se firmó un acta en la que se puntualizó que el portón se debía retirar porque además de que era ilegal, también estaba siendo un perjuicio para las comunidades, incluso del corregimiento de La Mina donde está el resguardo. Cabe destacar que a la reunión no asistieron los representantes del resguardo kankuamo de ese territorio, pero sí los de Chemesquemena y Guatapurí”, manifestó Daza. 

En anteriores reuniones, los representantes del resguardo explicaron que el ‘Espacio de Regulación y Armonización Territorial’ fue establecido por el Congreso Kankuamo para conservar los ejercicios culturales y preservar el ecosistema. También puntualizaron que contribuyó a la disminución de actividades que alteraban el orden público.

Además, aseguraron que el dinero recolectado se enviaba a un fondo para la conservación y protección del medio ambiente. De ese rubro, el 60 % se destinaba a actividades ambientales y culturales, otro porcentaje para los ejercicios de monitoreo de la guardia indígena y actividades sociales. Sin embargo, las comunidades de la zona aseveraron que no están de acuerdo con el cobro para poder transitar por la vía porque es un derecho fundamental que no puede sobrepasar la autoridad indígena. 

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LOS COMERCIANTES APOYARON LA DECISIÓN

En la reunión también estuvieron presentes comerciantes de los diferentes corregimientos, quienes aseveraron que por el puesto de control se redujo el número de visitantes que llegaba a esos territorios y, por ende, disminuyeron las ventas de alimentos, dulces típicos y demás artículos manuales que ofertaban. 

En ese sentido, argumentaron que el retiro del retén volverá a atraer a los visitantes que frecuentaban el balneario La Mina, las áreas naturales de Atánquez, Chemesquemena, entre otras zonas concurridas por turistas.

Por: Namieh Baute Barrios / EL PILÓN

@namiibb