La alimentación escolar ha sido tema de controversia en el departamento del Cesar en los últimos periodos gubernamentales. Pese a que es un asunto de mucha sensibilidad, y considerado sagrado, este no ha estado exento de contrataciones irregulares que han derivado en sanciones y condenas a algunos mandatarios.
Esa situación ha conllevado a que todos los años se revisen con lupa los procesos contractuales del Programa de Alimentación Escolar, PAE. Sin embargo, los inconvenientes persisten en muchos aspectos, tales como iniciación tardía en algunos municipios, falta de presupuesto, en ocasiones reparos a los menús y a la calidad misma de las raciones establecidas con criterio nutricionales, entre otros.
De todas maneras, los escándalos del pasado han servido para subsanar muchas de las irregularidades relacionadas con los PAE y en consecuencia estos han venido mejorando y cumpliendo con su misión, aunque todavía continúan las limitaciones presupuestales y algunos obstáculos de trámites administrativos que impiden garantizar ciento por ciento su cumplimiento.
Pese a que en estos momentos se está entrando a la recta final del año escolar vigente, la fecha no deja de ser propicia para echarle una mirada a los PAE en el Cesar y revisar si estos están cumpliendo con su propósito de manera eficiente y en sintonía con los objetivos del Día Mundial de la Alimentación. Eso debe ser una tarea prioritaria para los entes de control.
Según declaraciones de la secretaria de Educación del Cesar, Yasmín Rocío García Meneses, el PAE en el departamento estaba garantizado únicamente hasta mediados del mes septiembre y se estaba a la espera de que Ministerio de Educación acelerara la gestión que permitiera obtener recursos económicos por concepto de regalías. Se exceptuaban de esa situación a los resguardos indígenas de Pueblo Bello y Codazzi, los que tienen asegurado el servicio hasta finalizar el calendario escolar 2025.
Son cifras millonarias las que todos los años se destinan para los PAES. Por ejemplo, para este 2025 “ya se ejecutaron 70 mil millones de pesos girados por la Unidad de Alimentos para Aprender (UAPA) y se sumaron 5 mil millones aportados por municipios. Sin embargo, esos recursos no alcanzan para todo el año”, según explicó la secretaria de educación del departamento.
Frente a esa limitación se han desarrollado mesas técnicas en aras de resolver los inconvenientes presupuestales, eso es válido, pero la falta del programa en los colegios no tiene ninguna justificación y mucho menos que no llegue a tiempo. Eso no tiene espera.
Es por ello que la parte institucional comprometida con el tema, desde lo local, departamental y nacional, debe velar por la contratación oportuna del PAE. En ese sentido deben prever con anticipación todos los inconvenientes de trámites, máxime cuando eso ya es una rutina tradicional de todos los años, incluidas las limitaciones presupuestales.
Como si eso fuera poco, se ha advertido cierta incertidumbre de desfinanciación para enfrentar el 2026, según la UAPA, se estaría reduciendo la cobertura de 115 mil estudiantes a solo 80 mil, lo cual indica que se quedarían por fuera del programa unos 35 mil niños.
Todo indica que es necesario buscar alternativas presupuestales que permitan garantizar el acceso a una alimentación adecuada, segura y nutritiva para todos los niños.
La enseñanza de todos esos años de dificultades debe apuntar a que la institucionalidad se convenza de que los PAE tienen que ser planificados como única manera de brindarle a tiempo la alimentación escolar a miles de niños.
