Cuando no hay garantías de movilidad y seguridad en las carreteras lo primero que se afecta son las dinámicas de la economía local y regional. Los bloqueos de vías se han vuelto una constante en departamentos como el Cesar, La Guajira, Magdalena, entre otros, situación que nos afecta a todos en general.
Este miércoles 3 de diciembre amanecimos con un nuevo anuncio de cierre de vía, las autoridades del municipio de Fundación, Magdalena, emitieron un comunicado en el que informaban que “desde las 10:00 a.m. se realizará el cierre de la Vía Ye de Ciénaga-Bosconia, en el sector vial de Fundación, Troncal del Oriente” como señal de protesta por algunos incumplimientos de entidades oficiales.
Según los querellantes, “esta decisión se toma debido al incumplimiento del acta pactada con las siguientes entidades: Defensoría del Pueblo, Secretaría de Gobierno, Asesoría Jurídica y la Procuraduría, quienes se comprometieron a cumplir unos acuerdos que hasta la fecha no han sido atendidos de manera clara y efectiva”, al tiempo que exigen “respuestas concretas y soluciones oportunas para la comunidad”.
Independiente de las razones que motivaron este nuevo bloqueo, justificadas o no, lo único cierto es que esa reiterada situación trunca toda gestión, negocio o actividad económica que requiera del uso de las carreteras de la región, lo cual pone en riesgo la generación de ingresos de muchos renglones económicos, pero que además afectan de manera directa o indirecta a otros sectores, en detrimento del desarrollo regional en todos los aspectos, ya sea social, cultural, académico, entre otros.
La recurrencia de este tipo de situaciones, que se han vuelto la fórmula más efectiva para llamar la atención de los gobiernos en sus distintos ámbitos, amerita una solución de peso y contundente. No se puede seguir bajo ese esquema en el que la gente ya no sabe cuándo puede o cuándo no debe viajar, quedando de manifiesto la violación clara del derecho a la libre movilidad y en el concepto más amplio a la libre locomoción. El Estado, representado en las distintas autoridades, debe brindar todas las garantías para que esos derechos se cumplan.
Se requiere de una verdadera voluntad institucional para liberar el desarrollo regional de esos recurrentes bloqueos de vías que, entre otras cosas, no son un simple acto de protesta sino una evidencia de la fragilidad del cumplimiento institucional y sus repercusiones directas en la vida de las personas que dependen del uso diario de las vías públicas.
Desde el primer cierre ilegal de vía, que se dio en la región, hasta la fecha ya ha transcurrido demasiado tiempo y todavía no se ve por ninguna parte el ejercicio de la autoridad para evitar que eso siga ocurriendo, lo cual refleja la ausencia de una articulación real y efectiva entre los distintos niveles de gobierno. Las dificultades que originan este tipo de cierres no son de competencia exclusiva de una sola entidad. Por el contrario, involucran directamente a autoridades municipales, departamentales y nacionales, cuyo deber es construir soluciones conjuntas, técnicas y duraderas, que no sean solo para un momento coyuntural como se ha venido presentando.
Urge entonces que se convoque una mesa técnica o un comité interinstitucional, con participación activa de todas las autoridades territoriales correspondientes y propiciar así un escenario de decisiones prácticas y comprometidas. Esa sería una buena ruta para ayudar a resolver los problemas de fondo que afectan la movilidad, la economía y la calidad de vida de miles de habitantes de La Guajira, el Cesar, el Magdalena y de la región Caribe.
