A las administraciones se les suele criticar cuando culpan a sus antecesores de los males que encuentran y que son difíciles de resolver. No obstante, para el tema de la famosa reconversión laboral de personas que trabajan con transporte de tracción animal, los carromuleros, sí sería válida una mirada al espejo retrovisor para no caer en los mismos errores de siempre.
Ya son muchos los intentos de acabar con los ‘carro’e mulas’ y hasta la fecha todos han fracasado. En 2017, el entonces alcalde Augusto Daniel Ramírez Uhía entregó 27 motocarros a igual número de beneficiarios, entre lágrimas, discursos y promesas de transformación. Fue presentada como la primera fase del cumplimiento del Decreto 1666 de 2012 y como el inicio de una dignificación laboral largamente esperada en Valledupar.
Sin embargo, esa historia quedó inconclusa. Nunca se vieron los motocarros circulando en las calles y hasta la fecha siguen abiertas varias preguntas que impiden creer nuevamente en ese tipo de procesos, entre ellas: ¿qué pasó con esos 27 motocarros? ¿Por qué no se continuó con un proyecto que debía beneficiar al 100% de los carromuleros? ¿Quién asumió responsabilidades por el abandono de ese proceso?
Al igual que en los intentos anteriores, ese esfuerzo inicial se quedó corto, muy corto. Según registros publicados en 2022, 318 personas quedaron pendientes de sustitución, pese a los compromisos anunciados. En la actualidad más de 700 carromuleros siguen esperando resultados, según estimaciones que el mismo gremio ha dado a conocer.
Voceros de esa población aducen que todo venía obedeciendo a la falta de voluntad política y una visión administrativa que no priorizó un proyecto social que “no trae beneficios inmediatos a los gobernantes”. A ello se sumó la ausencia de seguimiento, de continuidad y de un censo riguroso que permitiera planificar las fases siguientes del proceso.
Es por ello que con el anuncio de reconversión laboral del alcalde Ernesto Orozco reaparece la pregunta: ¿será que ahora sí será posible? Ahora se habla de algo real. El convenio con Fenoge para entregar 100 motocarros eléctricos permite cierto optimismo frente al cumplimiento de la Ley 2138 de 2021, que obliga a los municipios a avanzar en la sustitución progresiva de vehículos de tracción animal. Orozco asegura que su meta es alcanzar el 100 % de reconversión antes de finalizar su gobierno. Ojalá y esta vez sí.
Es claro que la iniciativa es buena, el meollo del asunto es cómo garantizar que no volverá a quedar suspendida, incompleta o archivada, como ocurrió en 2017 y en los años posteriores. El problema siguió ahí.
Las experiencias de otras ciudades indican que la mejor forma de garantizar una verdadera reconversión laboral de los carromuleros es con base en un censo completo, validado por el DANE, con financiación asegurada, que no dependa exclusivamente de una sola fuente; que haya acompañamiento técnico y social, porque entregar un vehículo es apenas el primer paso; hacerle seguimiento y control para evitar que los recursos desaparezcan y que los vehículos terminen abandonados o vendidos, como ocurrió en la administración de Ramírez Uhía; y que se permita continuidad administrativa que impida que cada gobierno empiece de cero.
Se necesita dignificar el trabajo, brindar bienestar animal, reducir emisiones, abrir oportunidades para muchas familias y contar con una Valledupar más saludable. Es la oportunidad entonces para que el alcalde Ernesto Orozco logre lo que sus antecesores dejaron a medias.
Ojalá que esta vez los motocarros eléctricos no desaparezcan, que la reconversión no se estanque y que se corte de tajo con ese déjà vu que pareciéramos estar observando.
