Durante el último día de la audiencia pública de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Valledupar, los comparecientes del Batallón de Artillería No. 2 La Popa rindieron testimonios sobre el segundo hecho investigado, ocurrido el 1.º de noviembre de 2004 en la vereda La Gloria, municipio de Agustín Codazzi (Cesar). En este caso, integrantes del pelotón Bombarda 1 asesinaron y reportaron como bajas en combate a Yovany Quintero Donado y Rafael Mario Bernal Real.
Reconocimiento de responsabilidad de los comparecientes
De los 34 comparecientes, 27 fueron citados a reconocer su responsabilidad y aportar verdad para esclarecer este nuevo episodio dentro del macrocaso de los ‘falsos positivos’ en Cesar. El mayor retirado Carlos Giovanni Medina Bayona volvió a rendir versión ante la JEP, describiendo cómo se desarrolló la operación que terminó con la muerte injusta de estas dos víctimas.
“Recuerdo que los soldados preparaban la operación y no creo que las víctimas resistieran ni tuvieran tiempo para reaccionar”, expresó Medina Bayona. Detalló cómo se ordenó dividir a las unidades para el ataque, el desarrollo simulado del combate y la manipulación posterior de la escena con fotografías y legalización del material de guerra, todo con el fin de encubrir la verdad.
Simulación del combate y encubrimiento
Uno de los comparecientes explicó que, tras las ejecuciones, se dispararon las armas para simular enfrentamientos y se recibió apoyo aéreo con helicópteros que efectuaron ráfagas para dar verosimilitud al falso combate. Las víctimas fueron puestas en escena como si hubieran enfrentado a la fuerza pública, ocultando su condición de civiles asesinados en estado de indefensión.
Se registraron fotografías de la escena para los informes oficiales y judiciales, mientras la Fiscalía autorizó el levantamiento de los cuerpos, que fueron trasladados en vehículo oficial hasta otro municipio. Estas acciones evidencian un plan sistemático para destruir pruebas y falsear la realidad de los hechos.
Manipulación documental y legalización de municiones
Ante la orden de no mantener juntos a los pelotones por seguridad, el sargento viceprimero Juan Carlos Herrera García explicó que su escuadra fue desplazada a un lugar diferente del resto de la tropa, lo que los distanció del sitio donde ocurrieron los hechos de La Gloria. Esto dejó ver una distribución de roles donde varios grupos cumplían funciones específicas, desde custodiar perímetros hasta ejecutar la operación.
Herrera García narró cómo se organizó el personal que acompañaría a los principales responsables en la ejecución de los asesinatos. El resto de la tropa quedó en una zona alejada para brindar seguridad y evitar interferencias durante el crimen. “Me dio la orden de desplegar la gente para asegurar el área, ya que debían entrar vehículos para el levantamiento de los cuerpos”, confesó.
Se informó que, tras el hecho, se legalizó el gasto de munición a pesar de que parte de ella fue utilizada para simular el combate ficticio. “En los batallones hay una persona encargada de la parte documental y se firmó todo en el batallón como uso normal de munición”, explicaron.
Testimonios de soldados sobre el retén y custodia de víctimas
El soldado retirado Francisco Montaño narró la detención y custodia de Rafael Mario Bernal, una de las víctimas. Detalló que le preguntó sobre su destino y estado, y cómo fue obligado a cumplir con el traslado. También recordó que, al escuchar los disparos que confirmaban las ejecuciones, sintió temor y sabe que muchos conocían la gravedad de lo ocurrido.
Por su parte, Elkin Otero Bello, también soldado profesional, se presentó para aportar su verdad sobre su rol: “Estuve en la finca La Viuda y participé en la vigilancia y custodia. Sentí mucho dolor al escuchar los disparos y sabía que eran compañeros nuestros quienes cometían este acto”.
Obligación de guardar silencio y miedo a represalias
Los comparecientes coinciden en que, aunque conocían lo que iba a pasar, el miedo a represalias y la presión interna les impidieron denunciar. “Temíamos por la vida, porque en la unidad se decía que quienes hablaban serían sancionados o expulsados”, aseguró Herrera García.
Pese a la repetición de testimonios, la JEP ha insistido en la importancia de que cada compareciente precise su rol concreto para poner rostro y responsabilidad a estos crímenes. “Aquí todos conocían, fueron funcionales al hecho y guardaron silencio, lo que agravó el daño para las víctimas y sus familias”, señaló el magistrado José Miller Hormiga.
¿Qué sigue?
Los testimonios permiten avanzar en la reconstrucción de un cruento capítulo del conflicto en la región Caribe, incorporando la voz de las víctimas y la exigencia de justicia y reparación. La audiencia, presidida por el magistrado José Miller Hormiga, ratifica el compromiso de la JEP de esclarecer estos crímenes de lesa humanidad cometidos entre 2002 y 2005 por integrantes del Batallón La Popa.
Este proceso representa un paso para dignificar la memoria de Yovany Quintero Donado, Rafael Mario Bernal Real y todas las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, y para garantizar la no repetición en Colombia.
