La situación que se presenta en estos momentos con los comerciantes de Mercaupar, la sociedad de economía mixta que administra los locales del mercado público de Valledupar, es una muestra evidente de los diversos problemas que está generando un desproporcionado incremento del salario mínimo legal anual, por encima del mayor valor pedido, incluso, por los propios trabajadores.
Lo de Mercaupar revela una vez más cómo una buena intención produce efectos perversos. Ese incremento del salario mínimo legal que muchos han visto como una victoria social revestida de justicia y de dignidad laboral frente al costo de vida, termina generando una cadena de efectos colaterales que golpean precisamente a los eslabones más frágiles de la economía como es el caso de los pequeños comerciantes, microempresarios y trabajadores informales del mercado público de Valledupar.
En esta zona comercial de Valledupar, administrada por Mercaupar, cerca de 750 comerciantes verán incrementados sus cánones de arrendamiento en un 24 % para 2026, como consecuencia directa de una cláusula contractual que define el incremento porcentual de los arriendos con base en el salario mínimo legal vigente, más un punto porcentual.
La administración de Mercaupar ha explicado que no se trata de una decisión arbitraria, sino del cumplimiento estricto de unos contratos que hoy actúan como una camisa de fuerza tanto para la empresa como para los arrendatarios de esos locales comerciales.
Como se puede ver, el problema no es Mercaupar, aquí el tema es la incidencia generalizada que tiene el salario mínimo legal en la economía, tal como lo han venido explicando los economistas en el sentido de que cada alza desbordada impacta las nóminas formales, arrastra consigo arriendos, tarifas, servicios, multas, cuotas y costos operativos que no necesariamente crecen al mismo ritmo que las ventas o los ingresos reales de los ciudadanos. Eso lo están viviendo en carne propia los vendedores del mercado público de Valledupar.
La consecuencia de toda esa situación es una presión asfixiante sobre quienes viven del día a día, sin márgenes de maniobra ni capacidad de trasladar esos mayores costos al consumidor final, lo cual, muy seguramente, les traerá un descuadre de caja de sus finanzas.
Pero lo más paradójico es que muchos de esos comerciantes no son empleadores de grandes nóminas ni opositores al bienestar laboral. Ellos son trabajadores por cuenta propia que también dependen de la estabilidad económica para subsistir. Es aquí donde cobra vigencia la teoría de quienes piensan que “cuando el salario mínimo sube de forma abrupta, sin una correspondencia clara con la productividad ni con el crecimiento real de la economía, se convierte en un factor de exclusión que empuja negocios al cierre, incentiva la informalidad y debilita la base productiva local”.
Las directivas de Mercaupar argumentan que la entidad está sometida a estrictos controles fiscales y que cualquier alivio en los arriendos debe estar respaldado por estudios técnicos que eviten riesgos de detrimento patrimonial. Eso es entendible, pero también deja dicho que se le está dando prioridad al blindaje legal por encima de la realidad económica y social de los comerciantes inmersos en esa situación.
Todo indica que es necesario continuar con la discusión que argumente la importancia de echar mano a los criterios técnicos por encima de los aspectos políticos, sería la única manera de no afectar la sostenibilidad financiera de un grueso sector de la población que hace parte del gremio comercial.
Se debe revisar con cuidado esa buena intención de proteger el ingreso del trabajador, ejercicio que no puede desconocer que una economía compuesta mayoritariamente por micro y pequeños negocios no resiste incrementos abruptos sin consecuencias como las que en estos momentos se observa en el mercado público de Valledupar.
