No hay tiempo que perder; entramos a la recta final hacia las elecciones del 8 de marzo. Sin embargo, se ha suscitado un debate nacional sobre un supuesto fraude informático que ha terminado por desviar la atención de lo verdaderamente urgente por enfrentar.
Preocupa que mientras desde el poder central se siembran dudas sobre los softwares de la autoridad electoral, en regiones como el Cesar y La Guajira persisten los mismos riesgos electorales de otras épocas, como la coacción al votante, la presión de estructuras armadas ilegales, la compra de votos, la financiación irregular de campañas y el uso indebido de recursos públicos. Ese sí es el verdadero fraude que cambia la voluntad popular sin necesidad de alterar una sola cifra digital en estos territorios.
En reiteradas ocasiones, la Defensoría del Pueblo ha venido advirtiendo que en el Cesar están vigentes factores de riesgo que podrían afectar la libre participación ciudadana. Frente a eso, inquieta mucho que el cumplimiento de las recomendaciones preventivas apenas ronda el 42 %, con niveles muy bajos en articulación interinstitucional. El informe hace énfasis en prácticas de control social y territorial que condicionan campañas y votantes en la región Caribe, y que en nuestro departamento son muy conocidas.
La mayoría de los análisis publicados este domingo por distintos medios de comunicación nacionales concluyen que en Colombia los resultados no los define un algoritmo, sino actas físicas diligenciadas por jurados y escrutadas por jueces, donde la estructura del sistema, bajo la coordinación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se soporta en materiales verificables y en controles cruzados que reducen al mínimo la posibilidad de manipulación tecnológica. No obstante, lo que pasa en regiones como la nuestra merece otra mirada.
La Misión de Observación Electoral (MOE) ha identificado al Cesar como uno de los departamentos con mayor número de municipios en riesgo por violencia electoral en el Caribe. En el sur del departamento, en zonas de influencia de la Sierra Nevada y en el corredor minero, las disputas por economías ilegales y control territorial generan un entorno de intimidación que, aunque no siempre se traduzca en homicidios el día de la elección, sí puede manifestarse en amenazas, restricciones a la movilidad o presiones sobre líderes comunitarios de cada zona.
En el caso de Valledupar, ciudad donde se concentran campañas, logística y visibilidad mediática de los candidatos del Cesar, también se arrastran problemas constituidos por sistemas clientelares que se han vuelto costumbre, barrios vulnerables a la compra de votos y la presencia de grupos armados ilegales en zonas rurales que condicionan la libertad de los electores.
Aun así, se sabe que habrá elecciones en el Cesar; eso no está en riesgo. El problema es que se hagan bajo presiones de distintas índoles. En ese sentido, la experiencia trágica de Gamarra, donde en comicios pasados la violencia desbordó la institucionalidad y cobró vidas, debe servir como advertencia. La falta de un verdadero control puede llevar a hechos de esa naturaleza.
En esta última semana, en el Cesar debe hacerse especial énfasis en revisar el tema de la inseguridad en las zonas rurales y todo aquello que represente constreñimiento al elector en esos territorios, en especial las amenazas directas que limitan la participación política de la gente.
El llamado es a garantizar condiciones reales de libertad. Eso implica presencia efectiva de la Fuerza Pública en zonas críticas, vigilancia estricta a la financiación de campañas, acción decidida de la Fiscalía ante denuncias de compra de votos y una ciudadanía dispuesta a denunciar las presiones, sin importar de dónde provengan.
