Los últimos episodios de confrontación interna presentados en la Universidad Popular del Cesar reflejan la debilidad institucional de los órganos directivos de esa entidad, al punto que la gente ya no sabe a ciencia cierta cuál es la instancia mayor y capaz de garantizar la transparencia electoral y la seriedad de los procesos administrativos de esa institución.
Primero fue la puja y divisiones entre los miembros del Consejo Superior Universitario al momento de elegir al nuevo rector y ahora, lo más reciente, la misma situación se presenta entre los integrantes del Tribunal de Garantías, quienes se dividen públicamente y emite decisiones contradictorias sobre un mismo hecho, lo que deja mucho que decir sobre la legitimidad misma de ellos como garantes de los procesos electorales y administrativos de la UPC.
Son hechos que deslegitiman la autoridad que cada órgano de dirección debe tener, al tiempo que hacen que se pierda la confianza en cada una de sus actuaciones. Tres decisiones distintas sobre un mismo candidato y con las mismas pruebas hacen poner en duda el buen juicio que debe caracterizar a los miembros de los órganos directivos de una institución de educación superior tan importante.
Se siente vergüenza ajena cuando por los medios de comunicación se leen comunicados opuestos y emitidos en un mismo día por el Tribunal de Garantías de la UPC, lo cual muestra claramente que hay un tira y jala entre sus miembros y que ellos mismos se deslegitiman mutuamente. ¿Entonces a quién creerle? ¿Quién podrá salvar la dignidad y el prestigio de la UPC?
El Consejo Superior Universitario no puede mantenerse pasivo frente a una controversia que compromete directamente la validez del nombramiento del rector y debe definir si el acto de elección conserva su vigencia o si, por el contrario, está viciado de nulidad. Es hora de acabar con la incertidumbre que cada día tiende a profundizarse en la máxima institución universitaria de la región.
Todo indica que no estamos frente a un buen escenario de deliberación en la UPC y obliga a pensar en otras instancias que puedan contribuir a resolver tantos desaciertos en las decisiones de las directivas de esa institución.
Por todo lo acontecido, queda la sensación que el conflicto no se resolverá únicamente con interpretaciones del reglamento interno y que es necesaria una instancia que esté por encima de las partes en disputa, con suficiente capacidad para ordenar el proceso y restablecer la confianza perdida en los estamentos de poder de la UPC.
Tal parece que a estas alturas la solución no puede agotarse dentro de la misma universidad. Aquí es donde resulta necesaria la intervención de una autoridad externa con competencias de inspección, vigilancia y control. En ese sentido, le hacemos un llamado al Ministerio de Educación Nacional para que intervenga y convoque a todos los actores, entre ellos al Tribunal de Garantías, Consejo Superior, representantes estudiantiles, docentes y administrativos, para desarrollar una mesa institucional que permita reconstruir reglas claras y verificables que conduzcan a una buena salida.
También conminamos a los órganos de control como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República a que garanticen que las actuaciones de los funcionarios se ajusten a la ley y que no existan desviaciones de poder o intereses indebidos y de esa manera ayuden a proteger la buena marcha de la universidad.
De todas maneras, ninguna autoridad externa será suficiente si la propia comunidad universitaria no asume un compromiso con la transparencia y que blinde los procesos frente a intereses ajenos a la academia. Es hora de actuar y salvar a la UPC de la encrucijada en que se encuentra.
