En Valledupar debe abrirse el debate sobre la conveniencia para el municipio en torno a un eventual proceso de revocatoria del mandato del alcalde Ernesto Orozco. La Registraduría Nacional acaba de admitir una solicitud hecha en ese sentido por parte de un ciudadano. La verdad es que no deberíamos estar hablando de ello a estas alturas, cuando, prácticamente pasado el Festival Vallenato, el alcalde tendrá 18 meses antes de que se conozca quién será su sucesor.
Además de la parte jurídica, aquí el debate debe centrarse en lo que realmente necesita Valledupar y, con base en ello, preguntarse si es este el momento adecuado para activar un mecanismo de participación ciudadana de tal magnitud y si este se sustenta en una evaluación rigurosa de su gestión.
No se puede desconocer que la revocatoria del mandato es una de las herramientas más poderosas de la democracia participativa. Su espíritu es el de permitirle a la ciudadanía corregir el rumbo cuando un gobernante incumple su programa o pierde la confianza popular. Sin embargo, su uso exige responsabilidad, argumentos bien fundamentados y un análisis serio del desempeño administrativo. No puede convertirse en un instrumento de desgaste político ni en una estrategia anticipada de campaña electoral, como los casos que, en el pasado, se han visto en otras latitudes.
