El comportamiento histórico del Cesar, en materia de procesos electorales, siempre ha reseñado a varios municipios de este departamento como de alto riesgo. En esta ocasión no se especifican, pero el ambiente general sigue siendo de expectativas inciertas en términos de seguridad.
Por ejemplo, para las elecciones de 2022, las alertas de la Defensoría del Pueblo advertían que las comunidades de siete municipios del norte y centro del departamento del Cesar estaban en riesgo alto de ser afectadas por grupos armados al margen de la ley. Se hacía mención de Valledupar, Agustín Codazzi, La Paz, Pueblo Bello, El Copey, Curumaní y Pailitas.
En riesgo medio, aparecían los municipios Becerril, la Jagua de Ibirico, Chiringuaná, Chimichagua, Tamalameque y Pelaya. En el ámbito nacional eran 274 municipios en riesgo extremo o riesgo alto de vulneración de derechos a la población en el desarrollo de los procesos electorales que se desarrollarían en 2022.
Esta vez, la Defensoría del Pueblo habla de 649 municipios en riesgo electoral en todo el país. En el caso del Cesar y La Guajira no especifica cuáles serían los municipios que viven esa situación, no obstante, en estos depatamentos las circunstancias y dinámicas de los grupos armados ilegales no han cesado en comparación con las elecciones de 2022, al contrario, el accionar de esas organizaciones violentas se ha intensificado en términos de disputas territoriales, lo cual hace presagiar que el panorama actual no permite cierto nivel de tranquilidad. Hay que actuar a tiempo, con mucha anticipación.
Sin embargo, esas alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo han sido subestimadas por el alto gobierno, posición que no deja de preocupar a varios sectores, tras considerar que minimizar esos riesgos no los hace desaparecer, solo aumenta la posibilidad de que se repitan con mayor intensidad. Mientras la Defensoría del Pueblo dice que son 649 municipios los que están en riesgo electoral, el presidente Gustavo Petro y sus ministros solo reconocen a 104 municipalidades en esas condiciones.
Ante tal situación, el llamado es a la seriedad, la coordinación y el respeto interinstitucional para garantizar unas elecciones libres en defensa de la democracia. El informe de la Defensoría merece atención, no descalificación. Sus advertencias deben activar medidas, no generar confrontaciones. Las circunstancias de otras zonas del país deben servir para revisar a tiempo el tema regional del Cesar y La Guajira.
“Activamos recomendaciones para reducir los riesgos”, señaló enfáticamente la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, al referirse al paquete de alertas tempranas y directrices entregadas por la entidad a las autoridades. En zonas de Cesar y La Guajira, la influencia de actores armados ilegales, la presión sobre líderes sociales y la persistencia de prácticas clientelistas y corruptas podrían poner en entredicho la legitimidad de las elecciones.
A medida que se acercan los procesos electorales de 2026, debe procurarse la seguridad de esos comicios. Hoy más que nunca, necesitamos elecciones libres, transparentes y seguras. Y eso solo será posible si se reconocen los riesgos y se actúa a tiempo para mitigarlos. Porque no hay peor amenaza para la democracia que la indiferencia institucional ante el peligro.
