Aunque podría ser una simple coincidencia, llaman la atención los tres cambios inesperados de agentes interventores que se acaban de registrar: dos en Valledupar y uno en Barranquilla.
Fueron retirados de sus respectivos cargos como agentes interventores José Octavio Liñán Murgas, del Hospital Rosario Pumarejo de López, de Valledupar; José Luis Palomino, de la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar, Emdupar; y Fredys Socarrás Reales, de la ESE Universitaria del Atlántico, UNA.
Por estos tiempos de jornada preelectoral, tanto para el Congreso como para la Presidencia de la República, generan muchas suspicacias los movimientos relacionados con los nombramientos o retiros de cargos públicos de entidades importantes en el país o en las regiones por parte del gobierno Petro.
En el caso del Hospital Rosario Pumarejo, la salida de Liñán se dio luego de una visita técnica de la Supersalud que al parecer halló fallas en la administración y en la prestación de servicios y por ello fue reemplazado por Anselmo Hoyos Franco, quien deberá continuar la senda de la Evidente recuperación en un momento de alta demanda de servicios. Sin embargo, no es la primera vez que ocurre, antes de Liñán, la también interventora Carmen Sofía Daza Orozco, que había desplegado una sobresaliente gestión, había sido movida del puesto.
Igual sucedió en la UNA, donde la Supersalud removió a Fredys Socarrás, quien apenas tenía tres meses en el cargo. Su retiro generó sorpresa en razón a que la institución mostraba señales de gran recuperación financiera y operativa, con reducción de pasivos y habilitación de nuevas áreas asistenciales. El propio Socarrás dejó entrever su desconcierto al recordar que días antes había recibido respaldo del ministro de Salud. Su reemplazo, la médica Maryury Díaz Céspedes, asume ahora el reto, pero el mensaje que queda es inquietante porque ni siquiera los gestores que muestran resultados tienen asegurada continuidad.
En Emdupar, la Superintendencia de Servicios Públicos removió el 3 de diciembre de 2025 al interventor Palomino, quien llevaba un año en el cargo sin concretarse aún la devolución de la empresa al municipio, pero quien exhibió diligencia y aumento de los niveles de facturación y recaudo, en medio de problemas estructurales sobre los cuales ha puesto el dedo EL PILÓN ( se requieren urgentes inversiones de más de $100.000 millones, principalmente para redes ) .
Su reemplazo, Eduardo Andrés Mesa Buitrago. Otro relevo más que deja la sensación de que los ciclos se reinician sin suficiente claridad para la ciudadanía. Y la compañía aún no estaría dando visos de su devolución al municipio desde su intervención desde 2023.
¿Y qué significa todo esto para la región y para el país? El Gobierno sostiene que ningún cargo está blindado y que la rotación es una herramienta para corregir procesos. En teoría ese concepto tendría un argumento válido al aducir que los interventores no pueden perpetuarse ni pueden convertirse en figuras intocables. No obstante, la otra cara de la moneda deja ver que la discontinuidad afecta procesos técnicos, genera incertidumbre en organizaciones ya debilitadas y alimenta la percepción de improvisación.
Consideramos que esos relevos deberían producirse mediante una comunicación clara, con indicadores públicos que expliquen las decisiones y no como ha venido ocurriendo, cuyos cambios se hacen sin tiempos razonables para evaluar a los funcionarios.
Así las cosas, la pregunta de fondo no es si debe haber o no relevo de interventores. Lo que se debe analizar es cómo y por qué se hacen esos cambios. Si la respuesta está basada en criterios técnicos, con evaluación transparente y orientada a lograr resultados, los relevos son saludables. Pero si parecen responder a presiones políticas, intereses electorales, choques internos o decisiones caprichosas, el efecto es contraproducente porque debilita aún más lo que se pretendía recuperar.
