La falta del transporte escolar en muchos colegios oficiales de Valledupar se ha convertido en una crónica anunciada cada inicio del calendario académico. Es así como todos los meses de febrero la escena se repite en esta ciudad, casi que con las mismas características del año anterior.
Es una situación muy parecida a la que ocurre con el Programa de Alimentación Escolar, PAE, que siempre inicia de manera rezagada frente al calendario académico. Ya se ha vuelto común que mientras los calendarios escolares avanzan, los buses no arrancan. En corregimientos como La Vega Arriba, Atánquez, Patillal y Río Seco, decenas de niños caminan hasta cinco kilómetros por vías destapadas o piden “chance” para llegar a clases. Y, como cada año, la explicación oficial es que no hay matrículas consolidadas suficientes para estructurar y adjudicar las rutas de cada zona.
Al respecto, la Secretaría de Educación municipal, en cabeza de Karol Soto, sostiene que el transporte escolar es una estrategia de permanencia, no un requisito indispensable para asistir a clases. Bajo esa lógica, el servicio es un apoyo, no una condición para el acceso. El argumento, en términos administrativos, puede resultar defendible debido a que, sin cifras definitivas de estudiantes por corregimiento y destino escolar, no se pueden diseñar rutas ni contratar operadores de manera acertada. Sin embargo, la realidad social desborda la teoría técnica. Decir que el transporte no es una “dependencia” puede ser jurídicamente correcto, pero en la práctica rural es la única posibilidad real de acceso. Cuando un estudiante debe caminar cinco kilómetros por carreteras sin pavimentar o exponerse a la inseguridad para llegar a clases, el transporte deja de ser un complemento y se convierte en algo determinante para el estudio de muchos niños y jóvenes.
Inquieta que el problema, según la administración, radica en que muchos padres esperan la confirmación del transporte para matricular a sus hijos, mientras que la Secretaría requiere las matrículas para contratar el transporte. Es un círculo vicioso que cada año paraliza el inicio conjunto de clases y rutas escolares. La institucionalidad pide confianza, las familias exigen garantías, pero, en medio de todo quedan los niños en la mitad del camino con las consabidas consecuencias.
La situación genera tensiones adicionales debido a que algunas familias prefieren matricular a sus hijos en instituciones consideradas de mayor calidad, como la de Patillal, aunque tengan sedes educativas más cercanas. Eso puede considerarse válido en pro de una mejor educación, pero complica la planeación logística y presupuestal.
Lo que no se logra entender es por qué, si cada año se repite el mismo obstáculo de matrículas tardías, no se han diseñado mecanismos preventivos que mitiguen ese riesgo; por ejemplo, desarrollar campañas tempranas de matrículas, rutas provisionales ajustables o esquemas flexibles mientras se consolidan las cifras de estudiantes matriculados.
No debe esperarse que llegue el mes de febrero para comenzar a resolver los inconvenientes. Si históricamente el transporte no inicia junto con las clases, entonces ya no estamos ante un imprevisto, sino ante un patrón tradicional presente en cada comienzo del año escolar y que ya es hora de corregir.
No se puede negar que la responsabilidad es compartida. Los padres deben matricular oportunamente y confiar en el sistema, mientras que la administración tiene que reconocer que en zonas rurales el transporte escolar es necesario en ese tipo de poblaciones.
Se requiere echar mano de un modelo que garantice que el primer día de clases también sea el primer día de transporte y del inicio conjunto del PAE.
