Se tenía la creencia de que los ataques con drones a la Policía y al Ejército Nacional eran solo acciones terroristas de otros territorios del país, pero no: en los últimos días los departamentos del Cesar y La Guajira también han sufrido en carne propia esa nueva modalidad de guerra, con lamentables resultados.
Rechazamos y condenamos el reciente ataque perpetrado contra el batallón El Juncal, en zona rural de Aguachica, donde la guerrilla del ELN lanzó drones cargados con explosivos y dejó siete militares muertos y más de 30 heridos.
Estamos frente a un hecho muy doloroso que enluta a la Fuerza Pública y a las familias de esos siete militares, pero que además pone en evidencia que nuestro territorio también hace parte de esa peligrosa transformación del terrorismo en Colombia, un fenómeno que ahora se muestra más tecnológico, más indiscriminado y más letal, dejando al descubierto la incapacidad de las fuerzas armadas para contrarrestar ese tipo de acciones.
Por cualquier lado que se mire, la situación es muy grave. Resulta de gran relevancia que los grupos armados ilegales se atrevan a atacar una base militar en entrenamiento mediante artefactos no convencionales lanzados desde drones. Eso demuestra la capacidad operativa que ellos tienen y que desborda los esquemas tradicionales de defensa tanto de la Policía Nacional como del Ejército Nacional.
Ese nuevo terrorismo obliga al Estado colombiano a prepararse de otra forma para enfrentar amenazas de ese tipo, porque queda demostrado que los grupos terroristas, además de desplazarse por trochas, ahora desde el aire también atacan a municipios, estaciones de Policía y comandos departamentales, como lo denunció la Gobernación del Cesar tras registrar sobrevuelos de drones durante horas en varios puntos de este departamento.
Por todo ello, resulta alentador el anuncio del Gobierno nacional, en el sentido de decidir la compra urgente de sistemas antidrones por cerca de un billón de pesos y ofrecer recompensas de hasta $200 millones por información clave sobre el accionar de los terroristas. No obstante, consideramos que esas medidas son tardías frente a una amenaza que viene creciendo desde hace meses: se debió reaccionar antes y no después de la tragedia, como acaba de suceder en Aguachica y en otras regiones del país.
Un tema tan delicado como la seguridad no puede seguir dependiendo de decisiones tomadas sobre la marcha y solo en situaciones de emergencia. En Colombia siempre se ha cuestionado que hace falta una estrategia sostenida de inteligencia, de anticipación y presencia efectiva del Estado en las regiones más vulnerables, como son los casos del Cesar y La Guajira.
Hay que exigirle mayor compromiso al Gobierno nacional, bajo el entendido de que el Cesar y La Guajira son territorios cansados de la violencia y necesitan garantías reales, no solo anuncios. Reconocemos que la instalación del Puesto de Mando Unificado es un paso importante, pero debe traducirse en acciones concretas que devuelvan la tranquilidad a la población y eviten que estos hechos se repitan. La denuncia sobre el sobrevuelo prolongado de drones sin que se conozca su origen ni se logre neutralizarlos debería encender todas las alarmas institucionales y obligar a actuar en consecuencia.
De ninguna manera se puede permitir que el Cesar, en especial la zona sur, vuelva a los tiempos de antes, a esas épocas en las que no se podía transitar seguro por las carreteras y zonas rurales. Todos debemos cerrar filas alrededor de la Fuerza Pública y de las comunidades que viven bajo la zozobra del conflicto. La colaboración ciudadana es importante, pero también lo es un Estado que actúe con decisión y eficacia. Eso es lo que todos esperamos en nuestro territorio.
