En la edición del pasado 2 de marzo, en EL PILÓN ya habíamos anticipado la preocupación por la injerencia de grupos armados ilegales en las elecciones del próximo domingo, en especial en las zonas rurales del Cesar y La Guajira, además de las prácticas fraudulentas que amenazan la libertad del voto.
Entre tanto, los editoriales publicados este miércoles 4 de marzo por El Tiempo, El Espectador y El Heraldo coinciden en esa misma alerta emitida por EL PILÓN, advirtiendo que las elecciones del próximo domingo se desarrollan bajo la sombra de la intimidación, la injerencia de estructuras armadas ilegales y las consabidas costumbres clientelistas para conseguir el favor popular.
Desde distintas orillas editoriales, los tres periódicos advierten lo que ya habíamos dicho en EL PILÓN en el sentido de que el mayor riesgo para la democracia no es un supuesto fraude digital en los software de la Registraduría, sino la coacción directa o indirecta que ejercen actores violentos en territorios donde el Estado sigue siendo débil o intermitente en su accionar, como ocurre en las zonas rurales de nuestra región.
Estos medios de comunicación coinciden con nosotros en que cuando el miedo condiciona la participación, cuando la movilidad es restringida o cuando el rumor de represalias basta para torcer la voluntad ciudadana, la democracia se distorsiona y pierde su verdadera naturaleza.
Sucedió que mientras en el escenario nacional se discutía con intensidad sobre eventuales vulnerabilidades tecnológicas del sistema electoral, aquí pusimos el foco donde consideramos que está el verdadero peligro para nuestra región, tal es la inseguridad persistente, la influencia de grupos armados ilegales y las arraigadas prácticas clientelistas que limitan la voluntad popular en el Cesar y La Guajira.
Eso mismo lo acaban de decir en sus análisis los tres grandes diarios nacionales al referirse a otras regiones del país que enfrentan las mismas situaciones del Cesar y La Guajira. Resaltan además las alarmas encendidas por la Misión de Observación Electoral, la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales, lo cual reafirma que no son simples especulaciones ni exageraciones nuestras y que se trata de diagnósticos sustentados en realidades que se repiten en múltiples municipios en los que se registra presencia de actores armados, economías ilegales que buscan proteger sus intereses y estructuras políticas.
Debido a lo delicado del asunto, nos corresponde reiterar el llamado a las distintas autoridades para que enfrenten con acciones concretas los factores históricos de violencia rural, disputas por el control de corredores estratégicos y esa cultura política donde la compra de votos y el trasteo de cédulas siempre está presente, es el momento de cortarla de raíz.
La idea no es sembrar pánico ni deslegitimar de manera anticipada el proceso electoral, lo que por estas líneas pretendemos es que se apliquen los mecanismos necesarios para garantizar que cada ciudadano pueda votar sin presiones, sin condicionamientos y sin sentir que la decisión que tome el próximo domingo pueda acarrearle consecuencias posteriores.
Lo que se espera es que el próximo domingo el ciudadano de las zonas rurales no tenga dudas para acercarse al puesto de votación, que el líder comunitario no hable con miedo y en general que el elector no reciba “recomendaciones” disfrazadas de consejos no solicitados.
Las autoridades están llamadas a permitir que en las veredas y corregimientos del Cesar y La Guajira nadie tenga que escoger entre su seguridad y su derecho al voto.
