Por todo lo que se ha visto en las distintas etapas del proceso de elección del rector de la Universidad Popular del Cesar, UPC, se podría decir que ya era casi normal esperar denuncias y cuestionamientos sobre la decisión que tomara al respecto el Consejo Superior Universitario, y tal cual sucedió.
Pero lo que nunca se esperó y que tal vez muchos ni siquiera alcanzaron a imaginarse fue la elección exprés que se llevó a cabo por parte de cinco miembros del Consejo Superior Universitario, quienes mediante una sesión que inició a las ocho en punto de la mañana del día lunes 9 de marzo y que en solo ocho minutos hizo la votación y levantó el acto, pese a que los restantes cuatro consejeros aún no habían llegado, algunos de ellos ya estaban en el parqueadero de la institución prestos a ingresar a la reunión, pero no se les permitió que alcanzaran a participar.
Por obvias razones, esa elección ha sido todo un escándalo y sin duda vendrán muchas denuncias. Muy lamentable lo ocurrido durante la designación de quien dirigirá el rumbo de la institución académica más importante de Valledupar y de buena parte de la región Caribe.
Teniendo en cuenta la enorme importancia del asunto, las preguntas que surgen son: ¿por qué tanto afán para elegir y no esperar a que se diera la presencia de todos los consejeros?, ¿por qué no se liberó con el tiempo que la situación ameritaba? Es una situación que inevitablemente genera muchas suspicacias y tal parece que todos los que participaron estaban decididos a correr ese riesgo moral, aunque también es cuestionable la impuntualidad de los cuatro consejeros faltantes.
Lo que más preocupa es que este episodio comienza a revivir los fantasmas de viejos tiempos de turbiedad administrativa en la universidad, épocas que muchos creían superada, pero que ahora parece volver, tanto que ya ha habido protestas de estudiantes y algunos altercados en los que fue necesario emplear la fuerza pública en las instalaciones de la sede Hurtado de la UPC.
El llamado a todos los estamentos universitarios es a no echar por la borda la relativa paz institucional que durante años la UPC ha intentado recuperar, a no permitir que se ponga en duda el prestigio que, como entidad de educación superior, debe estar a prueba de todo en nuestra universidad.
No se puede perder de vista que la misión principal del Consejo Superior Universitario ha de ser el fortalecimiento de los procesos administrativos y académicos de la institución.
Da mucha vergüenza que algunos sectores estén calificando ese acto de elección como una “jugada rastrera” y como “una tramoya”, cuando lo más natural sería que hubiese reinado un ambiente basado en valores académicos y de deliberación razonable.
Duele mucho que a la UPC se le dé un tratamiento como de una entidad cualquiera y se desconozca que es el principal centro de formación superior de Valledupar y un referente educativo para miles de jóvenes de la región. De los directivos de una institución que forma profesionales, y representa la intelectualidad regional, lo mínimo que se puede esperar es que su comportamiento sea ejemplar, en especial frente a los procesos institucionales. Lo ocurrido, por el contrario, parece más cercano a prácticas politiqueras que a procedimientos propios de una comunidad académica.
No deja de inquietar también la presencia, durante este controvertido proceso, de funcionarios de la Procuraduría y de la vocera del Ministerio de Educación, quienes, según las denuncias conocidas, no se mostraron dispuestos a atender o aclarar las advertencias de control previo sobre supuestas irregularidades o el incumplimiento de requisitos por parte de algunos aspirantes a la rectoría. Siempre se ha dicho que cuando exista duda es mejor abstenerse, pero esa máxima aquí no fue aplicada.
