Además de la “fuga de votos” al Senado de la República que se registra en el Cesar, tema que abordamos en la edición anterior, existe otro fenómeno que se presenta en este departamento en las elecciones al Congreso de la República, tal es la sectorización de las campañas a la Cámara de Representantes.
Hacemos referencia a una práctica en la que históricamente determinados grupos políticos, o incluso la llamada “casa de gobierno” departamental, ha dividido el territorio en zonas y asignan cada una a candidatos específicos, con el propósito de maximizar las probabilidades de obtener varias curules y para lo cual despliegan todo su poder de maniobrabilidad electoral.
Frente a eso debemos preguntarnos si esa sectorización electoral podría considerarse como una estrategia legítima o si tal vez estamos frente a una distorsión democrática que afecta la libertad del elector de una determinada región dentro del departamento.
Lo cierto es que, a primera vista, la estrategia parece responder a una lógica organizativa eficiente que evita la competencia interna entre aspirantes de una misma línea política, optimiza recursos económicos y logísticos, además de permitir que cada candidato concentre su esfuerzo en un electorado específico.
En ese sentido, la sectorización podría verse como una forma de planificación electoral racional que ordena la campaña, reduce la dispersión de votos y propicia buen entendimiento entre partidos de una misma tendencia política, constituyéndose en una estrategia con tinte salomónico.
Pero, se sabe que detrás de esa estrategia está el poder de maquinarias muy fuertes, con amplia capacidad económica, dominio logístico y, en algunos casos, influencia en la contratación oficial, lo cual ya entra en el terreno de las desventajas para los candidatos que no pertenecen a esa línea política, quienes tendrán que competir en desigualdad de condiciones.
Es así como esa división territorial se convierte entonces en un mecanismo de exclusión al definir zonas que “ya tienen dueño electoral” y en donde los demás aspirantes no tendrían chance.
De ninguna manera podría considerarse democrático un sistema en el que las oportunidades de éxito están previamente distribuidas por acuerdos de poder. Eso riñe contra las condiciones mínimas de igualdad, pluralismo, equidad y libertad que deben tener tanto el elector como los candidatos en una democracia auténtica.
No hay verdadera democracia en zonas donde la fuerza de las maquinarias es la que determina de antemano quién tiene posibilidades reales y quién no, allí el voto no es libre.
También se debe tener en cuenta que, ante el Congreso de la República, el Cesar no constituye un departamento con intereses divididos en subregiones cuando en realidad se trata de un solo territorio con problemas de infraestructura, empleo, desarrollo rural, educación, seguridad y no se circunscriben a límites municipales ni a zonas políticas pactadas. Hay que evitar el riesgo de que los candidatos prioricen compromisos locales o clientelares y pierdan la visión amplia y estratégica que exige la jurisdicción departamental en toda su extensión.
No se puede permitir que una organización partidista se convierta en un mecanismo de captura del electorado para unos candidatos específicos y que no representan a todo el departamento en la defensa de los intereses generales del territorio que, a pesar de su diversidad y pluralidad, definen la unidad geográfica del Cesar.
El Cesar es uno solo, con intereses comunes y los mecanismos para lograr su representación política también deben ser iguales para todos los candidatos, además de garantizar el voto libre de sus habitantes.
