Según cifras consultadas, solo en la organización formal de las elecciones participan más de 1,4 millones de personas entre jurados, testigos y auditores, sin contar los miles de empleos temporales que generan las campañas políticas en logística, transporte, publicidad y organización territorial. Sin embargo, esa enorme movilización laboral sigue siendo prácticamente invisible para las estadísticas del empleo en Colombia y en nuestras regiones.
Para el caso de Valledupar y los municipios del departamento del Cesar, es claro que cada campaña política se convierte en una fuente de ocupación transitoria para cientos de personas que participan en la logística, la organización y la movilización electoral.
Se sabe que cada proceso electoral activa, por unas semanas o incluso por meses, una pequeña economía paralela de empleos temporales que pocas veces aparece en las estadísticas oficiales de medición.
Los centros de pensamiento y de estudio de Valledupar deberían revisar lo que pasa en esta ciudad y en los municipios del departamento del Cesar, donde ese fenómeno laboral sigue siendo casi invisible para las instituciones encargadas de medir el empleo.
Para fines de planificación o definición de estrategias laborales, sería bueno cuantificar todo lo que hay detrás de cada jornada en términos de esa extensa cadena logística que se pone en práctica desde semanas antes de los comicios, la cual requiere tareas como impresión de material, transporte, publicidad, organización de eventos, manejo de redes sociales, logística territorial y vigilancia electoral.
Por supuesto que el día de la votación el despliegue es aún mayor. En el departamento del Cesar están habilitados para votar 931.353 ciudadanos. En Valledupar, el potencial electoral asciende a 349.551 personas (183.469 mujeres y 166.082 hombres), quienes podrán acudir a 71 puestos de votación que albergarán 1.047 mesas de sufragio. En todo el territorio cesarense, la Registraduría Nacional instalará 300 puestos de votación, en los que se habilitarán 2.856 mesas.
Eso implica un campo laboral muy amplio que incluye conductores, coordinadores de campaña, personal de logística, diseñadores, operadores de sonido y cientos de colaboradores que movilizan votantes o coordinan equipos de cada campaña.
En resumen, estas campañas, en especial el día puntual de las elecciones, terminan convirtiéndose en una alternativa temporal de ingresos que muchas familias aprovechan durante semanas o meses. Los líderes barriales, coordinadores de zona y promotores comunitarios —cada uno de ellos, a su manera— forma parte de una cadena de empleo político temporal.
Entre tanto, las estadísticas laborales del país, generalmente producidas por el DANE, no registran el empleo político temporal como una opción diferente.
Frente a eso hay que hacerse varios interrogantes: ¿Podrían las campañas servir como espacios de formación laboral para jóvenes? ¿Se podría formalizar parte de ese trabajo temporal mediante contratos cortos, pero legales? ¿Podrían las alcaldías o gobernaciones aprovechar esa dinámica para impulsar programas de empleo juvenil en época electoral? Al tratar de darles respuestas a esas preguntas es posible que se encuentren estrategias oficiales para que esa “economía electoral” pueda convertirse en una puerta de entrada al mundo laboral para estudiantes, técnicos y profesionales jóvenes.
Si la institucionalidad en Valledupar y el Cesar, además de los partidos y la sociedad lograran medir y ordenar ese fenómeno, las campañas políticas dejarían de ser solo competencia por el poder y podrían convertirse también en un laboratorio temporal de empleo y formación, lo que además podría servir de proyecto piloto para otras regiones del país.
