La invitación es acudir de manera masiva a votar, pero hay que hacerlo con conciencia, sin presiones y sin permitir que la voluntad popular sea distorsionada por prácticas ilegales que durante años han intentado contaminar los procesos electorales en regiones como la nuestra.
La cita este domingo es en las urnas para elegir al nuevo Congreso de la República y participar en las consultas sobre precandidaturas presidenciales, una prueba más de la credibilidad de nuestras instituciones y de la autenticidad de la democracia colombiana, en nuestro caso en el entorno territorial que comprende al Cesar y La Guajira.
Al respecto, el director seccional de la Fiscalía en el Cesar, Ronald Calderón Vieco, en entrevista con EL PILÓN dijo que la entidad ha activado una estrategia técnica y humana para blindar la jornada electoral de este domingo, advirtiendo que no se trata de un plan improvisado. Según explicó, la preparación comenzó hace más de un mes, con un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación y sus delegadas para Seguridad Territorial y Delitos contra la Administración Pública.
El funcionario habla de una estrategia que parte de un Mapa de Riesgo Electoral elaborado por la Sección de Análisis Criminal. Ese diagnóstico ubica a Valledupar en nivel de riesgo muy alto, lo que se denomina “zona roja”, mientras que Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, La Gloria y Aguachica se encuentran en riesgo alto.
Todo ello lo que debe indicar para los ciudadanos es no que contemplen la posibilidad de abstenerse de votar, sino todo lo contrario, que ahora más que nunca su participación es más importante.
Igual, la Policía Nacional debe estar en la jugada de evasión, ocultamiento y engaño de los bandidos electorales, sin ser presa de la omisión inculcada por algunos funcionarios públicos que descaradamente hacen campañas cuando deben ser los más vigilados. Igual la Procuraduría General, entidades de control que el común de la gente piensa que suelen estar al servicio de los vigilados. He aquí una prueba para estas también.
La Fiscalía ha advertido que el delito más preocupante es la corrupción al sufragante, conocida como compra de votos. Y se advierte: el delito se configura desde el momento mismo del ofrecimiento. Es decir, no es necesario que el dinero cambie de manos, basta con que alguien lo prometa, también favores o beneficios a cambio del voto.
De igual manera, también están en el radar delitos como el constreñimiento al sufragante, cuando se amenaza a alguien para influir en su voto, lo mismo que el fraude al sufragante, que suele afectar especialmente a adultos mayores mediante engaños en el cubículo y la suplantación de electores. El Gobierno ha prohibido el uso de celulares en los puestos de votación.
Frente a esas eventuales circunstancias, se activará el modelo URIEL, Unidad de Reacción Inmediata para la Transparencia Electoral, que funcionará entre el 7 y el 9 de marzo como un mecanismo de atención inmediata a denuncias electorales. Fiscales, analistas y policía judicial estarán listos para actuar con rapidez, recolectar pruebas y judicializar en flagrancia cuando sea necesario.
La ciudadanía tiene varios canales para denunciar, tales como la línea telefónica 122, la plataforma virtual de la Fiscalía, las sedes físicas y puntos de atención que estarán abiertos durante el fin de semana, e incluso mesas de justicia en los puestos de votación.
La ciudadanía podrá publicar irregularidades en redes sociales, pero debe tener en cuenta que eso no reemplaza la denuncia formal. Un video viral puede llamar la atención, pero sin una denuncia formal la verificación puede tardar días. En cambio, cuando el ciudadano entrega la información directamente a la autoridad, con chats, audios o fotos, se activan de inmediato los actos urgentes de investigación.
El llamado es a salir a votar y no permitir que la apatía o el desencanto debiliten la democracia local, pero también es de suma importancia denunciar, no normalizar la compra de votos, no aceptar presiones y no quedarse en silencio frente a quienes intenten torcer la voluntad popular en nuestro territorio.
