Recientemente, en varias regiones del país se presentaron protestas por el avalúo catastral. Como es habitual con los problemas del país, la discusión y la información tuvo rigor en la confrontación política que eclipsa las soluciones. El problema no es técnico, es institucional y de voluntad o acuerdo político.
El ambicioso propósito de construir un catastro moderno, integral y útil para el desarrollo territorial de Colombia sigue enfrentando grandes obstáculos, tal y como lo advierte la Contraloría General de la República en su más reciente estudio sobre el Estado de la implementación de la política pública de Catastro Multipropósito (2014–2024). Este informe, en el momento, es el balance institucional más completo sobre la implementación del catastro multipropósito.
El informe analizó los avances y retos en la implementación durante la última década y encontró que, de los 1.102 municipios del país, solo 73 (6,62%) reportan una actualización total catastral. Representan 8.846.926 hectáreas (zona urbana y rural), de un total de 114 millones del total nacional. Los investigadores encontraron que el 91,45% del área rural del país y el 72,10% de la urbana no disponen de datos actualizados, lo que refleja un rezago significativo en los registros catastrales disponibles.
El catastro rural en Colombia enfrenta rezagos estructurales asociados a desactualización, informalidad en la tenencia de la tierra, fragmentación institucional y limitada capacidad técnica. Este problema, con diferentes matices, lo han tenido países como Chile, Perú y los miembros de la Unión Europea. En los países donde funcionan los catastros, integran la información y la actualizan permanentemente, asimismo, gestionan el impacto fiscal; los que fallan, como Colombia, tratan de medir el territorio, pero no logran ordenarlo ni hacerlo políticamente viable.
Lo aportado en el informe de la Contraloría General de la República, confirma un diagnóstico preocupante e indica que es imperativo reescribir la hoja de ruta de la Reforma Catastral Rural en Colombia. La experiencia internacional demuestra que la modernización catastral requiere continuidad en el tiempo, coordinación entre entidades y legitimidad social. Estos aspectos, no me cabe duda, son eje central y de carácter técnico que examina el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Los casos de éxitos internacionales registran que es imprescindible la sinergia entre lo institucional y lo político.
El éxito del catastro multipropósito dependerá de su consolidación como política de Estado y no como programa de gobierno. Asimismo, será fundamental gestionar adecuadamente el impacto fiscal de la actualización para evitar conflictos sociales que comprometan su implementación.
La transformación del catastro rural en Colombia es una condición necesaria para avanzar en la gobernanza territorial, la equidad en la distribución de la tierra y la sostenibilidad fiscal. Aunque hay debilidades económicas, no hay excusas técnicas ni tecnológicas. No obstante, su implementación exige voluntad política, coordinación institucional y una visión de largo plazo. Colombia no necesita mejorar el catastro, necesita reconstruir su sistema de información sobre la tierra. En contextos rurales, su importancia se amplifica al estar directamente vinculado con la seguridad jurídica de la propiedad, la planificación del uso del suelo, la política agraria y la tributación.
Del panorama estructural no está exento el Departamento del Cesar; refleja casi perfectamente los problemas estructurales del catastro rural colombiano: alta concentración de la tierra, historial de conflicto armado y despojo, amplia informalidad en la propiedad rural y baja capacidad institucional. Esto configura rezago y desigualdad rural y concibe una propuesta irresoluta de campaña política: “vamos a recuperar la vocación agropecuaria del departamento”.
Por: Luis Díaz / @LuchoDiaz12
