Las Juntas de Acción Comunal (JAC) en Colombia son un pilar fundamental de la democracia. La elección de sus representantes se realiza mediante el sufragio, cumpliendo requisitos como la conformación de tribunales de garantías antes de los comicios, con el fin de asegurar transparencia y legitimidad. Sin embargo, este mecanismo de participación ciudadana no está exento de cuestionamientos, dada la relevancia que han adquirido las JAC en las decisiones que impactan el desarrollo de comunidades rurales y urbanas.
Desde su creación en noviembre de 1958, los colombianos acuden cada cuatro años a escoger a sus representantes. Generalmente, quienes resultan elegidos son personas reconocidas por su liderazgo y compromiso con el progreso de sus veredas y barrios. No obstante, este modelo de gobierno primario no ha estado libre de amenazas derivadas del conflicto armado y de la corrupción. En algunos casos, líderes se perpetúan en el cargo o manipulan los libros de afiliación, como se ha denunciado recientemente en municipios como Valledupar.
En las regiones donde el conflicto armado se recrudece, la situación es aún más crítica. Son pocos los que se atreven a participar en estos espacios de representación comunitaria, por razones que todos conocemos pero que pocos se atreven a expresar. El asesinato de líderes sociales y comunales ha aumentado de manera alarmante: en lo corrido de abril de 2026 ya se registran 37 asesinatos, lo que equivale a un promedio de un líder asesinado cada dos días. Esta tragedia ocurre sin importar el signo político del gobierno, pues la carnicería continúa y apenas se habla de este lóbrego panorama que golpea a la dirigencia de base en Colombia.
