Las calles son el activo público más visible y utilizado de una ciudad, pero en Valledupar parece haberse convertido en tierra de nadie. Mientras la ciudadanía celebra con razón la inversión que hoy adelantan la Alcaldía y la Gobernación a través de proyectos de pavimento urbano, un asomo de improvisación amenaza con borrar estos esfuerzos.
Es una realidad técnica que he denunciado de manera reiterada. En dos ocasiones puntuales, a través de la red X, primero el 11 de enero de 2023 y el 17 de junio de 2025, alerté sobre la desatención institucional frente a intervenciones que están dañando nuestra malla vial sin que nadie parezca tener el control.
El escenario es casi siempre el mismo: empresas de servicios públicos y de comunicaciones llegan a una vía en buen estado, rompen el pavimento para sus fines técnicos y, al terminar, entregan reparcheos con rellenos y compactaciones tan deficientes que su pronto deterioro es la única garantía que ofrecen.
Esta falta de supervisión por parte de la administración municipal permite que la movilidad se convierta en una carrera de obstáculos y que la inversión pública se pierda en el barro del descuido. No es solo un problema de estética o de baches; es un actuar poco responsable que deja a su paso trampas mortales, como cables sueltos que cuelgan sobre las vías, poniendo en peligro inminente la vida de ciclistas y motociclistas que transitan por zonas comerciales y residenciales.
Es urgente que la Alcaldía de Valledupar asuma una posición de fuerza y autoridad frente a estas empresas. La ciudad no puede seguir siendo un lienzo para los remiendos de terceros que no sienten el rigor del gasto público. Hacer respetar la infraestructura implica establecer protocolos de intervención donde la Secretaría de Obras no sea convidado de piedra, sino juez implacable de la calidad de la reposición.
Se debe exigir con rigor técnico el cumplimiento de las pólizas de estabilidad y calidad; quien rompa la vía debe estar obligado a devolverla en condiciones estructurales iguales o superiores a las originales, no con un simple parche que cederá a la primera lluvia.
Hoy, cuando la ciudad recibe una inyección importante de recursos para pavimento urbano, el riesgo de que estas obras sean las próximas víctimas de las “cicatrices” administrativas es latente. Sería un contrasentido histórico que el esfuerzo de la Gobernación y la Alcaldía por dignificar los barrios termine saboteado por la miopía de permitir que las empresas de servicios actúen sin supervisión. La protección de nuestra malla vial es una cuestión de respeto por el erario y de seguridad para la vida. Valledupar no puede seguir siendo la ciudad del parche y el cable suelto; necesita una administración que ponga orden a los prestadores de servicios y que entienda que gobernar también es cuidar lo que con tanto esfuerzo se construye. Solo con autoridad y planificación evitaremos que el progreso de hoy sea el escombro de mañana.
Por: Ricardo Reyes
