Hay momentos en los que una sociedad revela su verdadera estatura moral. En Colombia, los periodos electorales se han convertido en el escenario perfecto para exhibir una práctica tan peligrosa como inaceptable: la demolición sistemática de la presunción de inocencia por parte de periodistas ideologizados y opinadores digitales intoxicados de sesgo. Así, la presunción de inocencia -columna vertebral del Estado de derecho- es reducida a una formalidad incómoda.
El mandato constitucional no admite ambigüedades: toda persona se presume inocente y debe tratarse como tal, hasta que exista una decisión judicial definitiva en firme. Sin embargo, en la práctica, se recalca, este principio es constantemente vulnerado por un pseudoperiodismo activista y cloacas digitales que han asumido funciones de juez sin jurisdicción ni responsabilidad.
Los casos del senador Wadhit Manzur, de Ciro Ramírez y de Juliana Guerrero ilustran con crudeza esta desviación. Manzur, sometido a una medida de detención preventiva carcelaria, ha sido tratado como culpable consumado, ignorando que dicha medida es cautelar y no sancionatoria. Ramírez, condenado en primera instancia, es presentado como definitivamente culpable, desconociendo que la sentencia no está ejecutoriada. Guerrero, investigada, es sometida al escarnio público como si la imputación equivaliera a condena.
No es ignorancia: es una distorsión deliberada. Se ha instalado, con preocupante normalidad, la inversión de la carga de la prueba. Se exige al investigado demostrar su inocencia, cuando es el Estado quien debe acreditar la culpabilidad. Este desplazamiento no solo vulnera garantías fundamentales, sino que revela una peligrosa regresión hacia esquemas inquisitivos que el constitucionalismo moderno había superado.
Más alarmante aún es la selectividad del reproche. La presunción de inocencia se aplica o se niega según la afinidad ideológica del sujeto. Así, el derecho deja de ser universal para convertirse en instrumento de conveniencia. Esta práctica no solo es jurídicamente inadmisible, sino éticamente reprochable.
El periodismo no es un tribunal, pero hoy actúa como tal sin las cargas que el derecho impone al juez. La opinión no es prueba, pero se utiliza como si lo fuera. La sospecha no es condena, pero se presenta como verdad.
Cuando el discurso público abdica de la responsabilidad jurídica y se entrega al linchamiento, no solo se vulnera a individuos concretos: se debilita el entramado institucional que protege a toda la sociedad. Porque el verdadero riesgo no es que algunos sean tratados injustamente, sino que esa injusticia se normalice.
Y cuando eso ocurre, la presunción de inocencia deja de ser un principio… para convertirse en una reliquia. Quien comunica no solo informa: configura realidades sociales. Por ello, el periodista -y también el opinador digital- tiene una carga ética y jurídica implícita: respetar los límites que impone el Estado de derecho.
El linchamiento mediático, amplificado por redes sociales, no es libertad de expresión: es irresponsabilidad discursiva con efectos jurídicamente corrosivos.
Pero tranquilo: siempre habrá quien, con gesto grave y teclado ágil, siga administrando justicia en 280 caracteres… con la misma ligereza con la que se ignora la ley. Total, la Constitución no da likes.
Por: Hugo Mendoza
