Sería irreparable el daño académico que se le puede causar a la Universidad Popular del Cesar, en el evento en que se repita la crisis institucional que la golpeó entre 2018 y 2022 cuando fungió como rectora Darling Guevara, cuya designación anuló el Consejo de Estado.
Una seguidilla de rectores encargados caracterizó aquel mandato de interinidad tras el fallo del alto tribunal, situación que puede repetirse al paso de varias demandas contra el posesionado rector, Guillermo Andrés Echavarría Gil.
Las demandas, ya documentadas, van desde una presunta inhabilidad por conflicto de intereses, falta de experiencia profesional y el hecho de no haber renunciado un año antes al Consejo Superior, como quiera que lo hizo faltando solo tres meses, ceñido al Reglamento Interno, contrariando la ley de inhabilidad, hasta el factor tiempo, que es vinculante, argumentos que fundamentan la actuación de 5 de los 9 miembros del Consejo Superior, para producir en 8 minutos una designación relámpago, sin escuchar a los otros 4.
En ese entonces, hubo que ingresar la universidad a una fiducia para hacerla viable financieramente, tras ser intervenida por el Ministerio de Educación Nacional, gestión que le correspondió al rector Rober Romero Ramírez, cuyo período de 4 años culminó este 25 de abril, sin exponerse a la crisis institucional que provoca toda interinidad, al romperse la continuidad en los procesos y fracturarse cualquier esquema de gobernanza y gobernabilidad.
Echavarría fue designado por el Consejo Superior de una lista de 5 candidatos que electoralmente ganaron la consulta estamentaria, sumados Delwin Jiménez Noriega, Álvaro Iglesias Ibarra, José Rafael Sierra Lafaurie y César Galindo Angulo.
¿Por qué el Tribunal de Garantías Electorales no actuó a tiempo y activó los mecanismos de control para evitar la inscripción de candidatos que no reunieran los requisitos de ley? Se le hubiera ahorrado a la UPC un desgaste innecesario, verbigracia de correr la misma suerte politizada de la Universidad Nacional en el tinglado José Ismael Peña versus Leopoldo Múnera, pugilato que ganó el primero ante la máxima instancia contenciosa del país.
Participaron de la designación del nuevo rector la delegada del presidente de la República, Juliana Guerrero; Xavier Estrada Escudero, en representación del Ministro de Educación Nacional; el representante de las directivas académicas, Armando Luis Cotes de Armas; Óscar Pacheco llevando la vocería de los exrectores y Marlon Bastidas por los docentes, en reemplazo de Guillermo Echavarria, quien tuvo que renunciar para aspirar a la rectoría del alma máter.
La política, que no es otra cosa que la lucha por el poder, así sea efímero y sin importar que se malogre la academia, jamás ha respetado códigos de ética, eficiencia, calidad y coherencia, mira a aliados y el potencial electoral de la entidad, a efectos de determinar cuántos votos pone la universidad para ejercer control político y blindar el gobierno de turno.
En este tipo de alianzas se debe conjugar la frase proverbial: “Sólo la habilidad y la prudencia conducen a los grandes resultados”, pero se queda corto Napoleón, militar y político francés, porque faltó sagacidad y arrojo, frente a candidatos a cargos de elección popular, que no temen ser expulsados de partidos políticos anacrónicos, dados únicamente a la tarea de otorgar avales, pero sin abanderar causas sociales, prefieren la sobrevivencia de poder conquistando su propia credencial antes que mirar la disciplina de partidos sin apertura democrática, monopolizados y desgastados en el tiempo.
Por Miguel Aroca Yepes.
