El uso natural de la mujer es la vulva, pero el entramado de corrupción no podía ser menor en la salud, lo que reavivó el debate nacional y dio un giro hacia el ‘sarcasmo‘ como la burla más cruel de la ironía.
El protagonismo se lo llevan 154 mujeres operadas de pene, fraude que cayó por lo más evidente: una factura imposible de ocultar. En los registros del sistema de salud aparecían mujeres operadas de pene. Ese dato, absurdo, fue la grieta que permitió descubrir cómo se estaban inflando cuentas y desviando recursos públicos.
De acuerdo con lo normado, el Estado debe ser garante del sistema de seguridad social en salud, más no del saqueo, principios que rigen la administración pública de transparencia, universalidad, moralidad, eficiencia, economía y transparencia, elucubró el jurista vallenato Aldo Pérez.
El momento en que todo se destapa no podía ser más elocuente, lo que obligó al Ministerio de Salud a activar nuevos controles para revisar la facturación de las EPS. Al cruzar datos clínicos con los registros administrativos, empezaron a aparecer inconsistencias.
Primero fueron procedimientos repetidos. Luego cirugías sin sustento. Hasta que surgió el dato que rompió cualquier lógica médica: 154 mujeres figuraban como pacientes de intervenciones de pene, hallazgo que encendió las alarmas y obligó a revisar miles de cuentas más a fondo.
Lo que parecía un error terminó mostrando un patrón de corrupción. Las auditorías revelaron pacientes con múltiples cirugías de apéndice registradas en tiempos incompatibles con la recuperación médica. Las EPS estaban cargando procedimientos inexistentes o duplicados para aumentar el valor de las facturas.
Las llamadas “aberraciones”, como las calificó el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dejaron en evidencia que el problema no era aislado. Las utilidades de clínicas privadas pasaron de $5.22 a $7.1 billones de pesos en un año. El crecimiento de las ganancias de las IPS se debe a que se “llevaron una fortuna que solo sale del erario”.
Con razón las EPS privadas acumulan una deuda estimada en más de 50 billones de pesos con hospitales, clínicas y proveedores del sistema de salud, balance de complicidad con un sistema que ‘lucra con la enfermedad y niega el derecho a vivir con dignidad‘. Ese puede ser el colofón de una problemática estructural que se desprende de la Ley 100 de 1993.
Los mal llamados padres de la patria no solo hunden una y otra reforma, sino que archivan la esperanza de quienes hacen filas, aguardan citas y mueren esperando atención. “¡Aquí no están defendiendo la salud, están defendiendo privilegios!“, se levantan voces desde el Congreso de la República.
¿Por qué asumir el Estado las deudas privadas de las EPS? Es el centro de otro debate que agita a la oposición, dizque para estabilizar el sistema de salud, pero el Gobierno no le copia y advierte que liquidar EPS no implica que el Estado deba pagar las deudas de estas entidades de propiedad privada.
“No se puede actuar otra vez como en la crisis bancaria de los años 80 y 90, cuando el Estado pagó la deuda de los banqueros tramposos; no se puede, otra vez, utilizar la capacidad financiera del Estado para ahora solucionar el déficit de las EPS manejadas de manera fraudulenta y garantizar el flujo de recursos hacia las IPS.
“Las deudas del Estado las paga el Estado. Las deudas de los particulares las pagan los particulares”, premisa que trae a colación el Gobierno Nacional. “¡Si a usted se le ocurre pagar las deudas de los dueños privados de las EPS con el dinero público, como ya hizo Duque, estafaría a todo el pueblo colombiano y premiaría a las familias que se han robado el dinero de la salud por lustros!“, remarcó el presidente de la República, Gustavo Petro.
Pero no faltan las perogrulladas que son del diario vivir, como pregonar que no hay mejoría en la intervención de las EPS, —ni magos que fueran los de la Supersalud—, para revertir en un abrir y cerrar de ojos la deuda que arrastran, estimada en $50 billones, acumulada en 33 años; y así anda la salud, entre cuentas alegres y el paseo de la muerte, porque ha sido peor la cura que la enfermedad, ya que el latrocinio ha sido mayor en lo privado que en lo público.
Por: Miguel Aroca
