Algo más del 50% del petróleo que se consume en el mundo se destina a la gasolina, el diésel y el jet fuel. Pero ocurre que el desarrollo tecnológico y la creciente conciencia medio ambiental han impulsado la búsqueda de fuentes alternativas de energía. De hecho, se prevé que en 15 o 20 años, como máximo, todos los automóviles se moverán con motores eléctricos o con sistemas de combustión de no derivados del petróleo. Semejante disminución de la demanda acarreará el derrumbe de los precios. Con bajos precios, solo los productores más eficientes serán competitivos.
Países como Colombia saldrán del mercado. La consecuencia práctica es inmensa. Un porcentaje sustantivo de las divisas y de los recursos fiscales de la Nación dependen del sector petrolero. La participación de la extracción y refinación de petróleo ha oscilado entre el 8.1 y el 5.3% anual desde el 2000. En pleno auge petrolero, 2011 a 2014, el ingreso por impuestos y dividendos de Ecopetrol representaron el 2.2% del PIB promedio y permitieron la reducción del déficit fiscal del 3.3% al 2.6%.
En el otro lado, la caída de los precios trajo aparejada la disminución del 20% de los ingresos del gobierno central. Como Santos y Cárdenas, en lugar de ahorrar la bonanza petrolera, aumentaron de manera sustantiva el gasto público (no la inversión), nos han clavado tres reformas tributarias desde el 2014, dejando exhaustos los bolsillos ciudadanos.
