Se estableció en la Constitución Política, en su artículo 2°, que “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”, bella oración que no deja de ser apenas una buena intención, lo que en algunos países se materializa y se traduce en bienestar económico y social y en una ordenada y tranquila vida cotidiana, pero que en nuestro país está muy lejos de ser verdad, convirtiéndose en utopía.
Es más, es más lo que hace falta que lo que hemos hecho y uno de los puntos más sensibles por lo frustrante es la seguridad, perdida hace ratos. Lo que impera es lo contrario y todo sucede ante los ojos de un Estado débil y arrinconado cada vez más por enemigos titulares de un poder casi sin límites.
Y ante esa situación de impotencia con millones de ciudadanos acorralados por la delincuencia y por algunas restricciones legales basadas en teorías que no consultan la realidad y que han facilitado el accionar de los delincuentes inspiradas en la clara intención de desarmar al ciudadano de bien que desprotegido por las incapaces autoridades no le permiten defenderse de una delincuencia con libre e incontenido acceso a un ilícito mercado de armas que ya quisiéramos ver en las más importantes armerías.
