Desde cuando Colsanitas y Sanitas abrieron sus oficinas en esta ciudad, con mucho esfuerzo y sacrificio —como ha sido toda mi vida— me afilié con mi familia a su Medicina Prepagada —muy cara— y a su EPS, que muy poco había ocupado. Con el transcurrir de los años tuve que acudir a ella, pues hay muchos servicios que la Prepagada —que repito, es muy cara— no asume, sino que nos mandan para que las haga la EPS, tales como los audífonos, pañales desechables, ensures, servicios domiciliarios o Home Care, y otros muy costosos, y solo presta un buen servicio cuando de hospitalización se trata, con una habitación particular, las drogas que se requieran y las intervenciones quirúrgicas. Hasta ahí todo bien. Pero me pregunté: ¿por qué tienen que ser las EPS quienes asuman los gastos más altos y no la Prepagada, que tan cara es? Echo cabeza y no encuentro otra razón: avispados que son y eso debe ser motivo de estudio de la Superintendencia respectiva.
Pero se preguntarán: ¿a qué se debe que esté tratando este tema, que este gobierno se ha propuesto acabar, pero que todavía boquea y seguramente no le alcanzará el tiempo para la puñalada trapera final? Sencillamente, que yo y mi núcleo familiar estamos padeciendo de las limitaciones que estas entidades prestan y de la única manera que cumplen, aconsejado por sus mismos empleados, es con las tutelas, las cuales ya se las pasan por el forro sin que la Procuraduría y la Contraloría puedan hacer nada, pues son entes jurídicos particulares y, de pronto, la Fiscalía y la Superintendencia sí puedan, pero no lo hacen, y si lo hicieran, lo más probable es que sus gerentes estuvieran encanaos por infringir la ley todos los días denegando la administración de justicia, cuando diariamente valiéndose de todas las mañas y artimañas violan sus propias normas sin importarles el bienestar y la vida de sus afiliados.
Si hoy violo la ley y me obligan mediante una tutela a cumplirla, mañana la violo otra vez y otra vez la tutela, e insisto y la violo muchas veces y las tutelas continúan, esa conducta constituye un prevaricato y merece castigo, pero nadie se ha atrevido a abrir oficiosamente una investigación penal a los infractores, para ver si así se acaban las famosas tutelas que tanto tiempo le quitan a los funcionarios judiciales, desde el juez hasta los secretarios y escribientes.
