En Colombia, para casi cualquier empleo, se exige experiencia previa o certificaciones que respalden un desempeño adecuado. Este requisito, propio del ámbito laboral, me resulta llamativo. No porque crea que empresas y entidades no deban buscar idoneidad en quienes contratan, sino porque ese estándar contrasta con el escenario donde se definen las bases legislativas del país. El ejercicio político, y en particular el Congreso, no opera bajo exigencias equivalentes de preparación formal, pese a que sus decisiones afectan de manera directa la vida de millones de personas.
Para entender esta idea un poco más, es necesario hacer un recorrido histórico e institucional. La Constitución de 1886 se levantó sobre una promesa de orden y unidad. Se buscaba un Estado más centralizado y una vida política menos abierta a la diversidad social. Sin la necesidad de exigir requisitos formales, el acceso real a la deliberación y debate público terminó acogiendo a quienes contaban con educación, mientras otros sectores de la sociedad quedaban al margen. La Constitución de 1991, en cambio, reorientó el pacto hacia el pluralismo, la participación y la efectividad de los derechos, lo que obliga a mirar con igual importancia cualquier propuesta que aumente requisitos para legislar.
El artículo 114 de la Constitución establece que al Congreso le corresponde hacer las leyes y ejercer control político. Ese dato institucional permite precisar que legislar no es solo opinar, sino producir normas generales que distribuyen cargas, habilitan o restringen libertades y estructuran políticas públicas. De ahí es donde pienso que surge la paradoja republicana: es razonable exigir idoneidad en quien desempeña una función tan determinante, pero esa exigencia no puede traducirse en requisitos de elegibilidad que en la práctica reproduzcan exclusiones históricas.
La pregunta, entonces, debe formularse: ¿la medida propuesta persigue un fin constitucional legítimo, es idónea para alcanzarlo, resulta necesaria frente a alternativas menos restrictivas y no impone costos desproporcionados sobre el pluralismo y la igualdad material?
Una república como Colombia no se sostiene solo con buenas intenciones, sino con instituciones capaces de hacer compatibles la representación democrática y la idoneidad de quienes ejercen la función legislativa.
A vísperas de una contienda electoral cuyo resultado quedará marcado en la historia, como las elecciones presidenciales y la reciente elección del Congreso, considero que la salida no es exigir credenciales que cierren puertas, sino diseñar mecanismos que eleven la calidad legislativa sin excluir a ningún sector del país. Porque una democracia que excluye se empobrece, y una democracia que legisla sin rigor se debilita.
En últimas, la paradoja republicana se resuelve recordando que la democracia no es improvisación, pero tampoco es privilegio.
POR ALEX CORZO
