Hablar de paz en Colombia es un asunto sensible y delicado. Ese término despierta emociones encontradas entre detractores y defensores, pero al final quienes pierden son las víctimas y la justicia, debilitadas por el descrédito ante la opinión pública. Todos los colombianos, sin distinción, anhelamos el fin definitivo de este largo conflicto que ha bañado de sangre montañas, ríos y ciudades, convirtiendo al país en un cementerio clandestino. Miles de cuerpos reposan bajo la selva, otros fueron incinerados en hornos ladrilleros acondicionados como crematorios, en un intento de borrar para siempre su existencia. No hay rincón en Colombia que no haya sido castigado por la violencia, aunque algunos territorios han sufrido con mayor crudeza.
En los últimos veinte años hemos sido testigos de dos procesos de paz polémicos. El primero, en 2005, con la Ley 975 que permitió la desmovilización paramilitar; el segundo, el Acuerdo de La Habana firmado el 24 de noviembre de 2016 con las FARC. Ambos han sido duramente cuestionados: incumplimientos, extradiciones y verdades incompletas han marcado la justicia transicional, dejando una sombra oscura sobre su legitimidad. El común denominador ha sido la falta de verdad. Algunos terminaron en cárceles extranjeras, temerosos de revelar nexos entre políticos, empresarios y militares con estructuras criminales.
Por esas razones me dirigí nuevamente hacia las víctimas olvidadas, aquellas castigadas sin misericordia por la violencia y sepultadas en el olvido por la desidia institucional. Sus rostros reflejan desesperanza: no son cifras ni estadísticas, sino seres humanos que cargan el peso de la tragedia paramilitar y guerrillera. Mi papel no es juzgar, sino escribir, convertir en voz los gritos que se perdieron en el tiempo y rescatar verdades que la historia no puede enterrar.
