El Gobierno nacional no solo incumplió su promesa de democratizar el crédito rural; construyó un relato artificioso que hoy se desmorona frente a las cifras reales. Lo que se presentó como un avance histórico en inclusión financiera es, en esencia, un modelo que privilegia a los grandes jugadores, abandona al campesino y pone en riesgo la estabilidad del sistema agrofinanciero.
Los $16,9 billones desembolsados al sector agropecuario entre enero y abril de 2026, con un crecimiento del 20,3 %, se han convertido en la cifra bandera de la narrativa oficial. Pero ese número, repetido sin contexto, encubre una realidad profundamente desigual. El 74,3 % de esos recursos fue a parar a grandes empresas, mientras los pequeños productores —que constituyen el 72 % de las operaciones— apenas accedieron al 15,6 % del total. Esto no es inclusión: es concentración disfrazada de política pública.
En términos simples, el pequeño campesino sigue siendo irrelevante para el sistema. Sus créditos promedio, cercanos a $24 millones, no permiten tecnificación, ni expansión, ni competitividad. Apenas alcanzan para sostener agronegocios de subsistencia. Mientras tanto, se consolida una estructura donde el crédito fortalece a quienes menos lo necesitan y margina a quienes deberían ser el centro de la política rural. La exclusión no solo es económica, también es geográfica. El 83 % de los desembolsos se concentra en 10 departamentos. El resto del país rural —ese que enfrenta pobreza, informalidad y abandono estatal— sigue fuera del radar financiero.
