Mi amigo, el abogado Orlando Araque García, fue el auditor de la Contraloría General de la República (CGR) que avaló la comisión de estudios que me otorgó el Instituto Colombiano de Seguro Social (ICSS) por dos años consecutivos y licencia no remunerada por un año para que yo estudiara la especialización de Cirugía General en la Universidad del Valle de Cali.
El doctor Araque me dijo: “Doctor Romero, después de que usted obtenga el diploma de médico especialista en cirugía general, pienso que la ejercerá en Valledupar”. “Es mi anhelo”, le respondí. “En el contrato de compromisos que el director general del ICSS y usted firmarán, le anexaré una cláusula que le garantice su aspiración, para lo cual, mientras esté cursando la especialización absténgase de disfrutar vacaciones pagadas por el ICSS”.
Sorprendido le dije que me aclarara la cláusula. “La plaza de Valledupar es apetecida. Por la comisión de estudios, en contraprestación el ICSS lo puede ubicar en cualquier lugar de Colombia que necesite especialistas en cirugía general; por ende, en dicha cláusula, escribiré que cuando usted termine la especialización debe informarlo al subdirector Nacional de Salud del ICSS, aportando la documentación correspondiente con copias a la Contraloría General y a la Procuraduría General. Si pasan 45 días hábiles después de su información oficial y, el ICSS no le asigna lugar de trabajo, usted puede exigir la plaza donde prestará la contraprestación”, me explicó el doctor Orlando Araque.
