Personas desmemoriadas y malintencionadas están alimentando la realización de un paro en la recta final de las elecciones presidenciales, en protesta por la aplicación de una ley de la república que actualiza el avalúo catastral. Se trata del Impuesto Catastral Multipropósito cuya normatividad fue aprobada durante el gobierno de Iván Duque mediante la Ley 1955/2019 y el Decreto 148/2020, bases del Plan de Desarrollo 2018 – 2022, con fundamento en el punto 1.1.9 del Acuerdo de Paz con las FARC y habida cuenta de que el catastro no se actualizaba hace 18 años. Otra motivación consistió en que las tasas catastrales en Colombia no tienen en cuenta si las tierras son productivas o no, esto es, no existía una ponderación cualitativa de los predios.
Cuando Petro asumió la presidencia, solo el 9 % del nuevo catastro se había desarrollado porque muchos alcaldes ralentizaron su aplicación entregándola a los privados que hacían de juez y parte, quienes veían la medida como atentatoria contra sus intereses, financiadores de campañas electorales. No es un impuesto para la Nación, es para fortalecer las finanzas municipales, en especial en el sector rural donde más se concentra la riqueza en pocas manos en activos fértiles pero improductivos y el escenario ideal para el lavado de activos. El Gini rural de Colombia, 0,89, es el más alto del mundo, aquí el 1 % de los propietarios posee el 46 % de las tierras, muchas veces ociosas.
En el sector urbano, menos del 40 % de la población es dueña de su casa, son más los arrendatarios que los dueños de casas. Pese a esta deformidad, muchos que nunca han tenido una lámina de icopor para guarecerse de las lluvias y del sol, le están haciendo resonancia a este infundio defendiendo banderas ajenas, idiotas útiles les dicen. He escuchado que detrás de esta iniciativa está la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia. Creo que hasta la deshonestidad debe tener sus límites; ahora quieren señalar a Petro como el responsable de esta medida, esta es una desinformación perversa, así no se ganan elecciones.
La reglamentación y aplicación de estas normas corresponde a los alcaldes municipales con sus respectivos concejos en sintonía con el Instituto Agustín Codazzi. La norma contempla unos rangos de grabación en opción de los entes territoriales. Hay que advertir que a la Nación no le entrará un solo centavo por esta revisión tributaria. Para ilustrar mejor esta situación, me permito ofrecerles un ejemplo práctico: antes de la aplicación de esta ley, el avalúo catastral de mi casa era de $340 millones cuyo precio comercial podría ser ocho veces superior; ese era el precio de cualquier lote en una zona suburbana de Valledupar.
Claro, yo estaba muy cómodo pagando poco por este bien, ahora pago lo justo, pero quienes más tienen son los que menos quieren pagar, la democracia tiene sus costos y un régimen tributario justo debe permitir la redistribución de los ingresos. Quienes tienen la iniciativa de este paro, se están disparando en el pie. Creo que a esta ley le ha faltado pedagogía.
Por: Luis Napoleón de Armas P.
