No solo es una geografía imponente que se eleva desde el Caribe hasta los 5.775 metros del Pico Cristóbal Colón. Es también un campo de batalla jurídica, política y territorial. El más reciente capítulo de esa disputa es la nulidad del Decreto 1500 de 2018 y la expedición del Decreto 0514 de 2026 que pone sobre la mesa una pregunta: ¿hasta cuándo vamos a preferir el litigio sobre el acuerdo?
La llamada “Línea Negra” es el sistema de espacios sagrados que delimita el territorio ancestral de los pueblos kogui, arhuaco, wiwa y kankuamo en la Sierra Nevada de Santa Marta. Su reconocimiento formal tiene raíces en el Decreto 1142 de 1978 y en la Resolución 002 de 1973 del Incora, pero con la Constitución Política el debate adquirió dimensiones jurídicas de primer orden al reconocer a Colombia como Estado pluriétnico y multicultural.
Desde entonces, la Corte Constitucional reconoció que el territorio sagrado de los pueblos serranos merece protección constitucional reforzada y que el Estado tiene la obligación de garantizar la consulta previa frente a cualquier medida que los afecte, además de que profundizó en las garantías del pueblo wayuu en materia de acceso a la información y participación.
