Si algo quedó en evidencia durante los últimos cuatro años fue la difícil relación entre el Gobierno nacional y buena parte de los gobiernos territoriales. Más que una interacción institucional fluida, predominó un ambiente de desencuentros, desconfianza y confrontación política. En demasiadas ocasiones dio la impresión de que las diferencias ideológicas y, en algunos casos, las personales, terminaron pesando más que la necesidad de construir soluciones conjuntas para los ciudadanos.
Las reiteradas solicitudes de diálogo elevadas por la Federación Nacional de Departamentos y por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, reflejan esa realidad. Temas estratégicos como la seguridad ciudadana, la autonomía territorial, la financiación de proyectos, la ejecución de obras y el fortalecimiento de la coordinación institucional fueron objeto de múltiples llamados para trabajar de manera articulada. Sin embargo, la percepción que quedó fue la de un Gobierno nacional concentrado en su propia agenda, con una interlocución que muchos alcaldes y gobernadores consideraron insuficiente.
La relación terminó pareciéndose a un matrimonio que nunca formalizó el divorcio, pero cuyos integrantes dejaron de construir un proyecto común. Mientras el Gobierno, desde Bogotá, continuó administrando los recursos y las competencias propias del modelo centralista colombiano, los territorios debieron responder a las crecientes demandas ciudadanas con los recursos que lograban generar y gestionar por su cuenta.
