Mientras el Ministerio de Hacienda hace cuentas para revisar de dónde sacará los recursos económicos para lo que queda de 2026 y tramita ante el Congreso el Presupuesto General de la Nación para el 2027, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a través de su presidente, Alejandro Ramelli, mantiene su postura desde los medios de comunicación de “lanzar dardos” contra el Gobierno ante el inminente recorte presupuestal de 170 mil millones de pesos que sufrirá la entidad que él lidera. Sus declaraciones, además de desconocer el crítico momento fiscal por el que atraviesa el país, han despertado mucho más la atención de la opinión pública hacia este tribunal debido al elevado costo de su operación y a los deficientes resultados logrados en 8 años de existencia.
Además de las graves denuncias de la senadora María Clara Posada sobre los excesivos gastos de funcionamiento de la JEP, vale la pena hacer memoria y mencionar también un evento realizado por la entidad en abril del año pasado en un hotel boutique -a orillas del mar- de Palomino (jurisdicción del municipio de Dibulla, La Guajira), el cual desató una “tormenta mediática” no solo por su pertinencia sino por su oneroso valor. Según la publicación de la Revista Semana (fecha: 3 de abril del 2025), un total de 40 personas que hacían parte de la delegación pernoctaron allí por espacio de tres días (el precio aproximado del alojamiento/noche por persona estaba alrededor del millón de pesos). Este episodio se constituyó en un “punto de quiebre” para el tribunal, puesto que fue tildado por varios sectores políticos como “actividad de turismo judicial”.
El argumento del presidente de la entidad, al extender la invitación en este lugar paradisiaco del Caribe, era el “diálogo con expertos en justicia restaurativa para agilizar los procesos de toma de decisiones estratégicas en la JEP”; no obstante, el objetivo del evento está lejos de cumplirse. Hoy más que nunca, organizaciones como la Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia, que agrupa a más de 225 mil víctimas del conflicto armado, siguen a la espera de decisiones contundentes del tribunal en materia de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. El balance dado a conocer por Ramelli a El Tiempo (fecha: 21 de septiembre de 2026) incluye: dos sentencias en firme, dos condenas por la vía adversarial, 432 imputaciones, la acreditación de 16.097 víctimas individuales y 444 sujetos colectivos, entre otros indicadores.
