Como si no fuera suficiente la impunidad de la JEP, los acuerdos entre el Gobierno y bandas criminales no son apenas un escándalo más, sino la evidencia de que la “Paz Total” escondía un plan de “Impunidad Total”, con normas para minar la justicia y favorecer criminales que compartían tarima con el Gobierno.
Por esa razón, María Fernanda Cabal acudió a la Corte Constitucional para demandar la Ley 2272 de 2022, mal llamada de “Paz Total”, por sus vicios de trámite y por las facultades inconstitucionales que le otorgó al Ejecutivo.
Los vicios de trámite fueron de bulto. La Ley nació en una plenaria casi clandestina, pasada la medianoche y citada con quince minutos de antelación, para forzar una conciliación que, además de omitir el concepto previo del Consejo Superior de Política Criminal, desconocía lo votado en Cámara, que negaba unas facultades exorbitantes e inconstitucionales al Ejecutivo.
