Todos, alguna vez, hemos sentido que tenemos el talento, el carácter o el perrenque para asumir grandes retos. Yo también. Desde pequeña he creído que el trabajo y la disciplina permiten enfrentar cualquier desafío. Me la he creído incluso más de la cuenta, tanto que, si hoy me ofrecieran ser ministra o asesora de despacho, respondería que sí sin pensarlo dos veces. Estoy convencida de que dejaría la piel en el intento. Pero ahí termina la fantasía.
Porque hay una certeza que considero indispensable: querer no siempre significa estar preparado. Aunque soy una abogada recién graduada, debidamente certificada, apasionada por el servicio público y con grandes aspiraciones dentro del Estado, todavía no cuento con la experiencia necesaria para asumir una responsabilidad de esa magnitud. No porque me falte inteligencia o compromiso, sino porque administrar lo público exige mucho más que entusiasmo. Exige idoneidad.
Esta reflexión no nació de una conversación política ni de la coyuntura de un nombramiento. Surgió mientras desarrollaba mi trabajo de grado, titulado “Modernizar la justicia desde su cúpula: la importancia de perfiles interdisciplinarios en el Consejo Superior de la Judicatura”. Una investigación orientada a determinar si los criterios de selección para el órgano judicial respondían a las responsabilidades del cargo. Sin embargo, mientras avanzaba en esa investigación, comprendí que la discusión trascendía a la Rama Judicial. La pregunta de fondo era mucho más amplia: ¿qué significa realmente estar preparado para ejercer poder público?
