En el maremágnum de noticias de corrupción que sobre la contratación estatal todos los días se publican en Colombia, hoy tenemos algunos casos para resaltar: la condena en contra de Carlos Caicedo, el poderoso político del Magdalena; la suspensión ordenada por el Consejo de Estado del traslado de recursos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, por montos superiores a cuatro billones de pesos, para nuevos contratos; los contratos de prestación de servicios de familiares de la joven Gabriela Muñoz en la Aeronáutica Civil; y los contratistas que denunciaron a Juliana Guerrero por varios delitos relacionados con recibir dinero a cambio de garantizar contratos estatales.
Esto apenas es la punta del iceberg, fácilmente podríamos escribir decenas de cuartillas sobre los casos de responsabilidad civil, penal, fiscal y disciplinaria de servidores públicos que a diario son sancionados en nuestro país por transgredir los principios constitucionales y legales de la contratación estatal.
Uno de los caminos más cortos para llegar a la cárcel es la utilización de los recursos del Estado vía contratación estatal, bien sea como servidor público que recibe coimas o como particular oferente o contratista que las ofrece.
