Tres días después de recibir el diploma de médico general, me trasladé a la ciudad de Valledupar con el propósito de cumplir el año de servicio social obligatorio (medicatura rural), que entonces en Colombia era requisito para ejercer la profesión de Medicina. Ese mismo día, Miriam Pupo (q. e. p. d.), que vivía frente a la casa de mi madre y era la secretaria del director del Hospital Rosario Pumarejo de López (HRPL) de Valledupar, me dijo que su jefe quería hablar de prisa conmigo. Inmediatamente acudimos a dicho hospital, cuyo administrador era el ginecólogo Guillermo Bernal Domínguez, quien me preguntó si podía hacer el turno nocturno de ese día en el servicio de urgencias del hospital. Con júbilo le respondí que sí, seguidamente formalizamos mi nombramiento como médico general para prestar servicio de Urgencia en el HRPL con salario de $2.600 (dos mil seiscientos pesos).
A las siete de la noche el doctor Bernal Domínguez me acompañó a recibir el turno que terminaba a las siete de la mañana del día siguiente y me presentó al médico que salía y a las respectivas enfermeras auxiliares. Luego de ausentarse el director del hospital, la enfermera entrante, me dijo: “Doctor Romero, según la administración del hospital, el servicio prestado de urgencias es gratuito; no obstante, las enfermeras de turno cobramos por la atención, cuyas tarifas las pagan la mayoría de los pacientes atendidos. Del dinero obtenido en cada turno, el 15 % es para la enfermera de turno; del resto del peculio, el médico de turno, a su libre albedrío, le da dinero al camillero y al conductor de la ambulancia de turno”. Es decir, el cobro por la atención del servicio de urgencias era arbitrario y clandestino. Le consulté a mis colegas de trabajo y todos me lo confirmaron, por ende, también lo consentí.
Después de mi primer turno en el HRPL, fui a la Secretaría Departamental de Salud, en procura de cumplir la medicatura rural. El director de dicha oficina era el médico Jaime Guerra Márquez, muy amigo de mi familia y, amablemente, me informó que para poder continuar simultáneamente en el cargo del HRPL, el único lugar disponible era el puesto de salud del corregimiento de Los Venados, con salario de $2.900 (dos mil novecientos pesos); con mutua complacencia formalizamos el contrato por un año. Además, el doctor Jaime Guerra Márquez me ofreció que utilizara su consultorio privado cuando lo necesitara, ya que él por el cargo público que ocupaba, lo mantenía cerrado. En efecto, lo aproveché mientras cumplí la medicatura rural.
Nunca pensé que ganaría dos salarios mientras cumpliera el servicio social obligatorio. Circunstancia en la que obtuve alto rendimiento económico, principalmente por el dinero extra obtenido, ‘irregularmente’, en el cargo del HRPL, que a veces quintuplicaba mis dos salarios oficiales. Sin embargo, mi estancia en Los Venados no me agradaba por la constante viajadera y otras incomodidades, más que todo las culebras venenosas que a menudo encontraba dentro del puesto de salud de dicho corregimiento.
Al poco tiempo de estar asistiendo a Los Venados, en una fiesta me encontré con el ‘Pato’ Monsalvo (q. e. p. d.), quien era el director de la recién construida “Casa Indígena” de Valledupar, y me dijo que dicha casa requería un médico para que le prestara atención a los indígenas que bajaban de las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y a la gente residente en los corregimientos de El Jabo, Guacoche, Guacochito, Los Corazones y Río Seco. Le recomendé que solicitara el médico por escrito a la Secretaría Departamental de Salud. De antemano le informé al doctor Guerra Márquez que le llegaría una solicitud del ‘Pato’ Monsalvo.
Además, le manifesté que no volvería a laborar en Los Venados por el riesgo de mordedura de culebra mapaná rabo seco. El doctor Jaime me dijo: “Qué buena suerte tienes porque ayer recibí dos cartas solicitándome un médico por lo menos dos días semanalmente, para atender a las alumnas del colegio Prudencia Daza y a los ancianos de La Casa de los Pobres”.
Por: José Romero Churio
