Tres días después de recibir el diploma de médico general, me trasladé a la ciudad de Valledupar con el propósito de cumplir el año de servicio social obligatorio (medicatura rural), que entonces en Colombia era requisito para ejercer la profesión de Medicina. Ese mismo día, Miriam Pupo (q. e. p. d.), que vivía frente a la casa de mi madre y era la secretaria del director del Hospital Rosario Pumarejo de López (HRPL) de Valledupar, me dijo que su jefe quería hablar de prisa conmigo. Inmediatamente acudimos a dicho hospital, cuyo administrador era el ginecólogo Guillermo Bernal Domínguez, quien me preguntó si podía hacer el turno nocturno de ese día en el servicio de urgencias del hospital. Con júbilo le respondí que sí, seguidamente formalizamos mi nombramiento como médico general para prestar servicio de Urgencia en el HRPL con salario de $2.600 (dos mil seiscientos pesos).
A las siete de la noche el doctor Bernal Domínguez me acompañó a recibir el turno que terminaba a las siete de la mañana del día siguiente y me presentó al médico que salía y a las respectivas enfermeras auxiliares. Luego de ausentarse el director del hospital, la enfermera entrante, me dijo: “Doctor Romero, según la administración del hospital, el servicio prestado de urgencias es gratuito; no obstante, las enfermeras de turno cobramos por la atención, cuyas tarifas las pagan la mayoría de los pacientes atendidos. Del dinero obtenido en cada turno, el 15 % es para la enfermera de turno; del resto del peculio, el médico de turno, a su libre albedrío, le da dinero al camillero y al conductor de la ambulancia de turno”. Es decir, el cobro por la atención del servicio de urgencias era arbitrario y clandestino. Le consulté a mis colegas de trabajo y todos me lo confirmaron, por ende, también lo consentí.
Después de mi primer turno en el HRPL, fui a la Secretaría Departamental de Salud, en procura de cumplir la medicatura rural. El director de dicha oficina era el médico Jaime Guerra Márquez, muy amigo de mi familia y, amablemente, me informó que para poder continuar simultáneamente en el cargo del HRPL, el único lugar disponible era el puesto de salud del corregimiento de Los Venados, con salario de $2.900 (dos mil novecientos pesos); con mutua complacencia formalizamos el contrato por un año. Además, el doctor Jaime Guerra Márquez me ofreció que utilizara su consultorio privado cuando lo necesitara, ya que él por el cargo público que ocupaba, lo mantenía cerrado. En efecto, lo aproveché mientras cumplí la medicatura rural.
