La política colombiana atraviesa un periodo crítico donde la ceguera ideológica y el dogmatismo parecen haber devorado la capacidad de juicio de la ciudadanía. En el panorama nacional, la retórica del “Gobierno del Cambio”, liderado por Gustavo Petro, se desmorona ante una avalancha incesante de cuestionamientos, desgaste institucional y escándalos de corrupción que demuestran la repetición de las viejas prácticas de poder. Sin embargo, en el ámbito regional, el fenómeno adquiere matices aún más graves: una suerte de alienación colectiva en la que una parte importante de la dirigencia y el electorado del departamento del Cesar se niega a confrontar la realidad con pensamiento crítico.
El departamento del Cesar ha cargado históricamente con el pesado estigma del abandono y la hegemonía de castas políticas tradicionales. Por esa razón, la narrativa de transformación ética construida por el progresismo generó un entusiasmo genuino en la región. Hoy, ese entusiasmo ha terminado convertido en una profunda amargura.
El reciente y grave escándalo que rodea a la exfuncionaria Juliana Guerrero y a su hermana Verónica, señaladas de presuntamente liderar una red de cobro de coimas y presionar a contratistas estatales a cambio del direccionamiento de proyectos de infraestructura, agua y seguridad en el departamento, deja al descubierto cómo las banderas de la transparencia fueron cooptadas por el pragmatismo de la codicia.
