En mi columna anterior defendí una postura que considero fundamental: la legalidad habilita, pero la idoneidad protege. Sin embargo, esa reflexión dejó sobre la mesa una pregunta que también merece ser discutida: ¿cómo medimos realmente la idoneidad? Si exigimos experiencia para demostrarla, ¿no corremos el riesgo de cerrarles la puerta a quienes nunca han ocupado un cargo público, pero sí han demostrado liderazgo, capacidad y resultados en otros escenarios?
Una persona puede no haber trabajado jamás en el Estado y, aun así, haber liderado una empresa, desarrollado investigaciones, dirigido proyectos sociales o construido soluciones desde la sociedad civil. ¿Por qué asumir que esa experiencia vale menos? La experiencia no siempre se construye dentro del Estado, y tampoco debería medirse únicamente en años de permanencia en una institución.
Pero hay algo más que no podemos ignorar: no todos parten del mismo lugar. Abrir espacios de participación, por ejemplo, a comunidades indígenas, poblaciones vulnerables y sectores históricamente excluidos no significa regalar méritos ni reducir estándares. Significa reconocer que el talento no siempre ha tenido las mismas oportunidades para hacerse visible. La igualdad de oportunidades también consiste en permitir que quienes han tenido menos posibilidades puedan demostrar de qué son capaces. El problema aparece cuando confundimos oportunidad con idoneidad.
