Anunciar una desobediencia civil contra un gobierno que aún no ejerce sus funciones es un acto precipitado, inconveniente y profundamente peligroso; sobre todo en Colombia, donde las palabras de los líderes políticos movilizan emociones, este tipo de llamados alimenta la confrontación y podría derivar en violencia.
El senador electo y excandidato presidencial Iván Cepeda viene afirmando que se abstendrá de acatar el gobierno de Abelardo de la Espriella, si el presidente electo no renuncia a su doble nacionalidad, sus presuntos vínculos con agencias estadounidenses y su postura sobre una eventual extradición de Gustavo Petro. Más allá del debate político sobre esas exigencias, condicionar el reconocimiento de la autoridad legítima a circunstancias que no constituyen requisitos jurídicos válidos o causales de ilegalidad de la elección, implica desconocer la voluntad popular, esencia de la soberanía. Aunque el planteamiento evoca a Gandhi y a Thoreau, merece el mayor rigor en su aplicación, y no debería ser tomado como una estrategia de promoción política.
La desobediencia civil no es un derecho absoluto, ni un mecanismo para inobservar el orden jurídico en general. La Constitución de 1991 no la consagra como derecho fundamental autónomo, y su reconocimiento fue construido a partir de decisiones judiciales, apoyadas en la libertad de conciencia, la libertad de expresión, el derecho a conformar el poder político y el derecho a la protesta pacífica, siendo una figura excepcional, de límites estrictos, establecida para reafirmar principios y garantías.
