La reciente radicación del Proyecto de Ley de Competitividad en el Senado por parte de Mauricio Gómez, ministro de Comercio, Industria y Turismo, abre un debate inaplazable para el futuro del país. Si bien la reducción de trámites y costos operativos es un alivio urgente para un sector empresarial asfixiado por la tramitología, la ambición de esta reforma no puede quedarse en los asuntos operativos. El verdadero alcance de la competitividad no se mide solo en ventanillas digitales, sino en nuestra capacidad para insertarnos en el mapa global de la Inversión Extranjera Directa (IED).
De acuerdo con el Banco de la República, Colombia recibió US$11.469 millones de IED en 2025, 16,2 % menos que en 2024. Servicios financieros y empresariales 32 %, minería y petróleo 23 %, manufactura 15 %, comercio y hoteles 10 %, electricidad 7 %, transporte y comunicaciones 6 % y otros 7 %.
El eje central de atracción de inversión requiere una reconversión de la ecuación para impactar el efecto. Es necesario pasar de la inversión extractivista de materias primas al proceso que construye empresa, desarrolla software, instala centros de investigación y produce tecnología para exportar. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) respalda esta tesis. En su informe de junio de 2026 sostiene que América Latina necesita articular la atracción de IED con las políticas de desarrollo productivo.
