La llegada de Abelardo De la Espriella a la presidencia de Colombia da cuenta, desde muy temprano, de indicios de una estrecha colaboración en materia de seguridad con los Estados Unidos, lo que ha generado un agitado debate entre quienes defienden y quienes cuestionan el alcance de la presencia e injerencia militar estadounidense en nuestro país.
Desde la realización de operaciones conjuntas y el intercambio de información estratégica para combatir el narcotráfico y a los grupos ilegales, hasta el préstamo y adquisición de sistemas de vigilancia remota de última generación. Tal es el caso de las aeronaves remotamente pilotadas MQ-9A Reaper, cuyo anuncio fue realizado por el propio Ministerio de Defensa tras el regreso del jefe de la cartera militar de territorio norteamericano. En dicho balance se confirmó que el país recibirá tres de estas avanzadas plataformas en calidad de préstamo y adquirirá una cuarta con recursos del Estado colombiano.
Estas avanzadas aeronaves cumplen múltiples roles operativos: son empleadas en inteligencia, vigilancia y misiones de reconocimiento en tiempo real sobre vastas extensiones territoriales, con el propósito de patrullar los corredores estratégicos que habitualmente utilizan los grupos armados y el narcotráfico. Sin embargo, no hay que ignorar que estas plataformas incorporan armamento letal de alta precisión en combate.
Esto abre un profundo dilema jurídico y político sobre la legalidad y soberanía de las operaciones militares conducidas de forma remota o con la participación directa o indirecta de personal extranjero, sumado a las voces que cuestionan si nuestro ordenamiento constitucional permite semejante nivel de cooperación sin incurrir en una franca transgresión a la independencia nacional.
