El pasado mes de diciembre, la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA) -máxima autoridad en la definición de la política crediticia para el sector rural- expidió las Resoluciones No. 10 y 13, que establecen el nuevo marco regulatorio del crédito de fomento agropecuario y rural y las metas para el 2026.
Aunque el objetivo declarado del Gobierno es promover la inclusión financiera, la reciente normativa evidencia una contradicción estructural en el exceso regulatorio: 31 páginas y 29 artículos para solicitar un crédito. Este diseño normativo incrementará la complejidad operativa, elevará los costos de transacción y reducirá la eficiencia del sistema financiero rural, transformando la inclusión en un proceso altamente burocrático. En lugar de facilitar el acceso, corre el riesgo de convertirse en un obstáculo sistémico para la financiación oportuna del campo.
Por culpa de esta improvisación y sobrerregulación, más de 2 millones de productores del campo permanecen fuera del sistema financiero formal. De los 370 mil que lograron acceder a crédito en 2025, muchos enfrentaron dificultades en los tiempos de aprobación y desembolso con tasas efectivas anuales superiores al 22%, condiciones que limitaron la competitividad y sostenibilidad de sus proyectos agropecuarios.
