Una de las mayores preocupaciones de esta división entre la Oficina de Cultura y los consejeros es que los últimos son las instancias de concertación entre el Estado y la sociedad civil. Por eso, con esta ruptura se cortó también la línea de conexión directa entre la Alcaldía y los artistas
El pasado martes se conoció la renuncia de algunos integrantes del Consejo municipal de cultura. En el oficio entregado por parte de los representantes de distintos sectores del arte en el municipio de Valledupar, rezan distintas acusaciones hacia el jefe de la Oficina de cultura municipal, Carlos Liñán, señalando que fueron las causales de renuncia de los consejeros.
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EL PILÓN habló con el jefe de la cartera municipal, quién además de mostrar sorpresa por la renuncia masiva de los representantes, aseguró que las puertas de la Oficina Asesora de Cultura siguen abiertas y con toda la disposición de apoyar las manifestaciones culturales.
“Puedo decir que renunciar también es un derecho y es respetable. Es una situación que me toma por sorpresa, porque desde que asumí el cargo he estado en comunicación constante con cada uno de los consejeros aunque ahora ellos no lo reconozcan. Fue con el Consejo municipal de cultura que se organizó, desde la Oficina de Cultura, la entrega de las ayudas humanitarias durante esta emergencia ocasionada por el virus. Fue con ese mismo Consejo que se organizó el listado enviado a la Gobernación con miras a la implementación del Decreto 561”, argumentó Carlos Liñán.
Ante la renuncia de los 6 consejeros, representantes de territorios indígenas, artesanías, circo y teatro, música, presidente y vicepresidente, se deberá convocar a todos los creadores y gestores culturales del municipio como lo establece la Ley general de cultura 397 de 1997.
Reza en la causal quinta de la carta de renuncia por parte de los consejeros: “Siguiendo con sus marrullerías, el señor Liñán cita sorpresivamente a Frank Martínez a la única sesión formal del Consejo de cultura, con presencia del señor alcalde Mello Castro y de su delegado, el señor José Fuentes Rodado, quien ¡por fin! dio por instalado el consejo. Esta invitación fue la gota que rebosó la copa, porque con esto el señor Liñán desconoce al gremio de cine y audiovisual, quien no se siente representado por el individuo Frank Martínez, y eligió democráticamente a la productora Claudia Agudelo. Este último acto marrullero provocó el retiro y la renuncia colectiva de este grupo de trabajadores del arte y la cultura, porque sentimos que el señor Liñán no brinda las condiciones para ejercer nuestra labor y de esta manera dar cumplimiento a la Ley 397 de 1997”.
Frente a esta fuerte acusación el jefe de la Oficina de Cultura expuso que “son los sectores los que eligen a sus representantes y así debe ser para preservar la independencia del Consejo”.
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“Es el Consejo el primer espacio de participación ciudadana frente a la cultura en el municipio y por lo tanto debe ser independiente e incluyente al mismo tiempo. El sector de cine envió días pasado una misiva expresando su inconformidad con el consejero que los representa, días seguidos un acta en la que eligen a otra persona. Una vez analizado y revisado el proceso se encontró que esto no se ajusta a la ley general de cultura, así lo expliqué al sector y comprendieron. Pero cuando se lo explico al Consejo municipal de cultura no encuentro la misma receptividad y ya conocen las consecuencias”.
Según la Ley 397 de 1997, la Secretaría Técnica de los consejos departamentales, distritales y municipales de cultura es ejercida por la entidad cultural oficial de mayor jerarquía de los respectivos entes territoriales, cargo con voz pero sin voto.
Una de las mayores preocupaciones de esta división entre la Oficina de Cultura y los consejeros es porque los últimos son las instancias de concertación entre el Estado y la sociedad civil, además de liderar y asesorar a los gobiernos en la formulación y ejecución de las políticas de los procesos culturales. En otras palabras, se cortó la línea de conexión directa entre la Alcaldía y los artistas.
Uno de los consejeros, que prefirió reserva de su identidad, expresó a EL PILÓN que “seguirán apoyando los procesos desde el consejo y que todos los ‘malentendidos’ presentados han sido manipulados por los mismos miembros del Consejo pues no están de acuerdo con algunas cosas del proceder de Liñán”.
“El cambio de representante de cine no fue impuesto por el jefe de la oficina asesora de cultura, los mismos cineastas no querían la persona que los representaba y ya los demás sabíamos eso. No sé por qué ahora vienen a echar a uno solo el agua sucia”, agregó.
Los miembros del comité de contribución parafiscal son los encargados de decidir de qué forma se van a distribuir los recursos o revisar a qué tipo de propuestas se van a asignar los recursos de la contribución parafiscal cultural y a qué entidades, sean privadas o públicas.
En el caso de Valledupar, la Oficina de Cultura debe hacer un análisis de las necesidades del sector. “Las entidades que pueden aplicar deben estar inscritas en el PULEP, como principio de ley, mirar de qué forma o cuánto es el presupuesto que se necesita para solventar las necesidades de esas entidades y de ahí se designa cómo se realiza la distribución en porcentajes y estar pendiente de todos esos proyectos y la ejecución de los recursos” explicó Iván Maestre Reina, representante de las artes escénicas ante el Comité de contribución parafiscal cultural.
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A la situación de la renuncia de los consejeros, el representante considera que “existe la necesidad de conciliar con los sectores”. “No se puede trabajar para el sector cultural sin conciliar con él, porque no se entenderían sus necesidades. Es un acto de protesta al que se debe poner atención, son los representantes de los sectores después de todo. Conciliar y dialogar siempre es la mejor opción, el arte mismo es un diálogo permanente entre dos parte”, recomendó el representante.
Los asuntos culturales del país están regidos por la Ley 397 de 1997 en la que aparecen como objetivos de los consejos estimular el desarrollo cultural y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades en sus respectivos entes territoriales; promover y hacer las recomendaciones que sean pertinentes para la formulación, cumplimiento y evaluación de proyectos culturales, y vigilar la ejecución del gasto público invertido en cultura.
Sin el apoyo de los consejeros, para la administración de Valledupar será difícil, casi imposible, destinar de forma pertinente los recursos para la cultura, y sin la ayuda de los recursos y el apoyo público la cultura no tendrá incentivos para crecer en la ciudad.
Por eso, como recomendaba el representante, es urgente que los miembros del Consejo y el representante de la administración municipal dialoguen y lleguen a un acuerdo por el bien de la cultura. Dialogar es un acto y ejemplo cultural.
Por Estefani Rojas/ EL PILÓN
Una de las mayores preocupaciones de esta división entre la Oficina de Cultura y los consejeros es que los últimos son las instancias de concertación entre el Estado y la sociedad civil. Por eso, con esta ruptura se cortó también la línea de conexión directa entre la Alcaldía y los artistas
El pasado martes se conoció la renuncia de algunos integrantes del Consejo municipal de cultura. En el oficio entregado por parte de los representantes de distintos sectores del arte en el municipio de Valledupar, rezan distintas acusaciones hacia el jefe de la Oficina de cultura municipal, Carlos Liñán, señalando que fueron las causales de renuncia de los consejeros.
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EL PILÓN habló con el jefe de la cartera municipal, quién además de mostrar sorpresa por la renuncia masiva de los representantes, aseguró que las puertas de la Oficina Asesora de Cultura siguen abiertas y con toda la disposición de apoyar las manifestaciones culturales.
“Puedo decir que renunciar también es un derecho y es respetable. Es una situación que me toma por sorpresa, porque desde que asumí el cargo he estado en comunicación constante con cada uno de los consejeros aunque ahora ellos no lo reconozcan. Fue con el Consejo municipal de cultura que se organizó, desde la Oficina de Cultura, la entrega de las ayudas humanitarias durante esta emergencia ocasionada por el virus. Fue con ese mismo Consejo que se organizó el listado enviado a la Gobernación con miras a la implementación del Decreto 561”, argumentó Carlos Liñán.
Ante la renuncia de los 6 consejeros, representantes de territorios indígenas, artesanías, circo y teatro, música, presidente y vicepresidente, se deberá convocar a todos los creadores y gestores culturales del municipio como lo establece la Ley general de cultura 397 de 1997.
Reza en la causal quinta de la carta de renuncia por parte de los consejeros: “Siguiendo con sus marrullerías, el señor Liñán cita sorpresivamente a Frank Martínez a la única sesión formal del Consejo de cultura, con presencia del señor alcalde Mello Castro y de su delegado, el señor José Fuentes Rodado, quien ¡por fin! dio por instalado el consejo. Esta invitación fue la gota que rebosó la copa, porque con esto el señor Liñán desconoce al gremio de cine y audiovisual, quien no se siente representado por el individuo Frank Martínez, y eligió democráticamente a la productora Claudia Agudelo. Este último acto marrullero provocó el retiro y la renuncia colectiva de este grupo de trabajadores del arte y la cultura, porque sentimos que el señor Liñán no brinda las condiciones para ejercer nuestra labor y de esta manera dar cumplimiento a la Ley 397 de 1997”.
Frente a esta fuerte acusación el jefe de la Oficina de Cultura expuso que “son los sectores los que eligen a sus representantes y así debe ser para preservar la independencia del Consejo”.
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“Es el Consejo el primer espacio de participación ciudadana frente a la cultura en el municipio y por lo tanto debe ser independiente e incluyente al mismo tiempo. El sector de cine envió días pasado una misiva expresando su inconformidad con el consejero que los representa, días seguidos un acta en la que eligen a otra persona. Una vez analizado y revisado el proceso se encontró que esto no se ajusta a la ley general de cultura, así lo expliqué al sector y comprendieron. Pero cuando se lo explico al Consejo municipal de cultura no encuentro la misma receptividad y ya conocen las consecuencias”.
Según la Ley 397 de 1997, la Secretaría Técnica de los consejos departamentales, distritales y municipales de cultura es ejercida por la entidad cultural oficial de mayor jerarquía de los respectivos entes territoriales, cargo con voz pero sin voto.
Una de las mayores preocupaciones de esta división entre la Oficina de Cultura y los consejeros es porque los últimos son las instancias de concertación entre el Estado y la sociedad civil, además de liderar y asesorar a los gobiernos en la formulación y ejecución de las políticas de los procesos culturales. En otras palabras, se cortó la línea de conexión directa entre la Alcaldía y los artistas.
Uno de los consejeros, que prefirió reserva de su identidad, expresó a EL PILÓN que “seguirán apoyando los procesos desde el consejo y que todos los ‘malentendidos’ presentados han sido manipulados por los mismos miembros del Consejo pues no están de acuerdo con algunas cosas del proceder de Liñán”.
“El cambio de representante de cine no fue impuesto por el jefe de la oficina asesora de cultura, los mismos cineastas no querían la persona que los representaba y ya los demás sabíamos eso. No sé por qué ahora vienen a echar a uno solo el agua sucia”, agregó.
Los miembros del comité de contribución parafiscal son los encargados de decidir de qué forma se van a distribuir los recursos o revisar a qué tipo de propuestas se van a asignar los recursos de la contribución parafiscal cultural y a qué entidades, sean privadas o públicas.
En el caso de Valledupar, la Oficina de Cultura debe hacer un análisis de las necesidades del sector. “Las entidades que pueden aplicar deben estar inscritas en el PULEP, como principio de ley, mirar de qué forma o cuánto es el presupuesto que se necesita para solventar las necesidades de esas entidades y de ahí se designa cómo se realiza la distribución en porcentajes y estar pendiente de todos esos proyectos y la ejecución de los recursos” explicó Iván Maestre Reina, representante de las artes escénicas ante el Comité de contribución parafiscal cultural.
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A la situación de la renuncia de los consejeros, el representante considera que “existe la necesidad de conciliar con los sectores”. “No se puede trabajar para el sector cultural sin conciliar con él, porque no se entenderían sus necesidades. Es un acto de protesta al que se debe poner atención, son los representantes de los sectores después de todo. Conciliar y dialogar siempre es la mejor opción, el arte mismo es un diálogo permanente entre dos parte”, recomendó el representante.
Los asuntos culturales del país están regidos por la Ley 397 de 1997 en la que aparecen como objetivos de los consejos estimular el desarrollo cultural y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades en sus respectivos entes territoriales; promover y hacer las recomendaciones que sean pertinentes para la formulación, cumplimiento y evaluación de proyectos culturales, y vigilar la ejecución del gasto público invertido en cultura.
Sin el apoyo de los consejeros, para la administración de Valledupar será difícil, casi imposible, destinar de forma pertinente los recursos para la cultura, y sin la ayuda de los recursos y el apoyo público la cultura no tendrá incentivos para crecer en la ciudad.
Por eso, como recomendaba el representante, es urgente que los miembros del Consejo y el representante de la administración municipal dialoguen y lleguen a un acuerdo por el bien de la cultura. Dialogar es un acto y ejemplo cultural.
Por Estefani Rojas/ EL PILÓN