La Contraloría General de la Nación presentó un informe de actuación especial para determinar posibles incidencias fiscales en los recursos asignados a través del Sistema General de Regalías en el departamento del Cesar.

Entre los entes territoriales que fueron analizados están la Gobernación del Cesar y las alcaldías de los municipios de El Paso, San Alberto, La Jagua de Ibirico, Becerril, Manaure, Agustín Codazzi, Chimichagua, Río de Oro y Chiriguaná, cuyo periodo auditado fue 2014-2019.

Para ello seleccionaron 13 proyectos en los que evaluaron el manejo de los recursos de regalías asignados y ejecutados para los sectores de transporte, agricultura y desarrollo rural, educación, minas y energía, inclusión social y reconciliación, vivienda, ciudad y territorio, deporte y recreación.

En total se analizaron 13 proyectos por $124.000 millones, de los cuales $119.000 fueron financiados con Recursos del Sistema General de Regalías.

En los proyectos y contratos seleccionados se configuraron 11 hallazgos con presunta connotación administrativa y disciplinaria; dos con presunta connotación penal y 6 con presunta connotación fiscal por $33.367 millones.

PROYECTOS

Dentro de los auditados se destaca el municipio de Manaure donde se puso en evidencia un hallazgo al contrato N° LP-005 de 2017, el cual consistió en la construcción de la placa huella en la vía que comunica a esta población con el departamento de La Guajira, por un valor de $4.000 millones.

Para el desarrollo de este proyecto la Alcaldía de Manaure suscribió un contrato con la Unión Temporal Placa huella Manaure, financiado con recursos del Sistema General de Regalías.

“Este contrato ha sido objeto de una suspensión con fecha 02/05/2018 y reiniciada el 05/06/2018, el cual está liquidado, pero la administración municipal no soporta documento que así lo acredite”, señaló la Contraloría.

Asimismo, destacó que el proceso de contratación si bien fue publicado en el Sistema Electrónico de Contratación pública, Secop, con los documentos del proceso contractual correspondientes a las etapas de planeación y selección, desde el aviso de la convocatoria hasta el acto de adjudicación, omitió otros documentos correspondientes a las etapas de contratación y ejecución, relativos a los contratos.

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“Esta situación obedece a fallas en el control y seguimiento por parte de la administración municipal de Manaure, a las formalidades de los procesos contractuales en lo relacionado con el cumplimiento de la normatividad contractual vigente y una abierta contradicción del principio constitucional de publicidad administrativa. En ese sentido, al no publicar los documentos correspondientes de los contratos relacionados, se incumple además con lo previsto en la Ley 1150 de 2007”, destacó la entidad.

“SE PAGARON CUENTAS A TERCEROS AJENOS”

En el caso del municipio de Agustín Codazzi, la Contraloría encontró hallazgos en la dispersión de fondos a terceros diferentes a los involucrados en el contrato de obra Nº OP-006-2017, el cual consistía en la optimización de la aducción, conducción y la planta de tratamiento de agua potable por $9.806 millones, con un tiempo de ejecución desde el 21 de julio de 2017 al 31 de enero de 2019.

“Las incidencias se fusionaron en un hallazgo administrativo con presunta incidencia administrativa, disciplinaria fiscal y penal en cuantía de $5.596 millones. El contrato de obra se celebró entre el municipio de Agustín Codazzi, Cesar y el Consorcio Aguas Hidráulicas de Codazzi. En visita a la sede del ente territorial realizada por el equipo auditor los días 10, 11, y 12 de junio, se requirió nuevamente una serie de documentos tanto de la obra como de la interventoría, los cuales habían sido solicitados con anterioridad, y tampoco fueron entregados. La información de los pagos realizados no fue entregada completa. Igualmente se pudo verificar que los valores a pagar o transferir a la cuenta del contratista de obra, no se hacen por el valor total del comprobante de egreso”, detalló el ente de control.

En este contrato, la CGR observó que se dieron los pagos y tiempo después se elaboró el comprobante de egreso.

La entidad indica como ejemplo en uno de los casos encontrados: “Por el rubro presupuestal 20060061010202 se debieron cancelar $1.059 millones, y se cancelaron $1.640 millones. Con el rubro 20060061010205 pasó lo contrario, el valor cancelado fue inferior al presupuestado. Se debieron cancelar $2.191 millones, y se cancelaron $1.611 millones. La suma de los dos pagos es igual al valor total a pagar, sin embargo, presupuestalmente, no cuadran los valores en la contabilidad”.

“Se ocasionó un presunto detrimento patrimonial por valor de $3.845 millones, debido que, el municipio realizó una serie de pagos del contrato de obra a terceros diferentes al contratista de obra, sin que hubiese aportado documentos que justifiquen tales actuaciones“, destacó la CGR.

SIN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES

Otro de los casos analizados fue en el municipio de Becerril, donde le pusieron la lupa al contrato de obra Nº OP-020 de 2018, para la construcción de la plaza de eventos Rosso Machado Cruz, por $19.699 millones, en el que se evidenció que se realizó sin el cumplimiento de requisitos legales. Esta obra tuvo un tiempo de ejecución desde el 15 de febrero de 2018 al 27 de noviembre de 2019, por un valor inicial de $18.495 millones, el cual con las adiciones alcanzó $19.699 millones, con fuentes de financiación de asignaciones directas por $17.952 millones, y el fondo de compensación regional por $1.746 millones.

En el recorrido realizado por el pavimento perimetral de la plaza, se observaron en algunos tramos de pavimento una serie de averías y deficiencias en las losas de concreto construidas como en los bordillos, tales como: agrietamientos de forma de esquina, y transversal, desintegración, mezcla contaminada, desgaste prematuro, estancamiento de agua.

Las falencias evidencian la vulnerabilidad de la estructura construida, la deficiente calidad de la obra, labor de la interventoría y supervisión técnica por parte de la Alcaldía de Becerril, e incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista establecidas en el contrato de obra 020-2018. Estas deficiencias disminuyen ostensiblemente la calidad de la obra y la capacidad de servicio de la estructura (vida útil), comprometiendo la calidad, estabilidad de la obra y generando un detrimento al patrimonio.

En este sentido, la CGR configura un detrimento representado en las obras que presentan deficiencias técnicas y de calidad por $294 millones.

La entidad dejó claro que existieron municipios que no fueron auditados ya que no se pudieron realizar las visitas técnicas a los proyectos y obras, por la contingencia nacional decretada por el coronavirus.

POR: MILAGRO SÁNCHEZ | EL PILÓN